Los partidos que lograron escaños en el Congreso bicameral recibirán un dineral del Estado. El especialista en temas electorales José Tello señaló que la ONPE tiene una capacidad limitada para fiscalizar el uso de estos fondos, que deben ser destinados a capacitación de cuadros.
Los partidos políticos que lograron representación parlamentaria en las elecciones generales de 2026 recibirán en conjunto más de 222 millones de soles (ver cuadro adjunto) de financiamiento público directo durante los próximos cinco años, según los cálculos realizados por el Instituto Aklla Perú.
La agrupación que accederá al mayor monto será Fuerza Popular, seguida de Renovación Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Obras y Ahora Nación. Los desembolsos se realizarán de manera anual durante el periodo congresal 2026-2031.
La cifra representa un incremento de 185% respecto de los S/77.9 millones distribuidos entre los partidos con representación en el periodo 2021-2026. ¿Por qué el financiamiento casi se triplicó respecto al quinquenio anterior? ¿Están los partidos en capacidad de administrar adecuadamente estos recursos? ¿Existen hoy mecanismos suficientes para fiscalizar el uso del dinero público?
LOS MOTIVOS DEL INCREMENTO
El especialista en temas electorales José Tello explicó que el incremento responde principalmente a cambios en la fórmula de cálculo, establecidos para el Congreso bicameral
de 2026.
“El financiamiento tiene relación con los votos válidos obtenidos por los partidos. En esta elección se consideran los resultados para Senado y Cámara de Diputados. La ONPE ha precisado que para el Senado se tomará la votación de la modalidad donde cada organización obtuvo el mayor respaldo, que en la mayoría de casos corresponde al Senado nacional. A eso se suma la votación para Diputados y se aplica la fórmula equivalente al 0.1% de la UIT por voto válido”, detalló a Perú21.
Tello agregó que el incremento también está asociado al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que es mayor en 2026 que en 2021, elevando automáticamente el monto total por distribuir.
“En nuestros cálculos observamos que el financiamiento se ha disparado. Fuerza Popular, por ejemplo, registra un incremento de 378% respecto al quinquenio anterior. Es una herramienta importante para fortalecer a los partidos, pero también implica mayores exigencias de transparencia”, señaló.
Respecto al uso de estos recursos, sostuvo que el esquema actual de distribución es adecuado, pues la ley obliga a destinar al menos la mitad del financiamiento a actividades de formación y capacitación política. Sin embargo, consideró indispensable mejorar los mecanismos de control.
“Lo importante es que la capacitación realmente se haga y que exista un mejor control sobre cómo se distribuye y gasta el dinero”, indicó.
CAMBIOS NECESARIOS
Al respecto, Tello aseguró que el principal problema radica en que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) no cuenta actualmente con las herramientas suficientes para fiscalizar de manera eficiente el uso de estos recursos.
“La ONPE tiene capacidades bastante limitadas. No dispone ni de la logística ni del marco normativo adecuado para realizar una fiscalización integral del financiamiento partidario”, afirmó.
Entre las reformas que considera prioritarias figura una mayor articulación entre la ONPE y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como la creación de un registro formal de proveedores de los partidos políticos.
“Hoy puede ocurrir que una organización declare gastos sustentados con empresas de las que no existe mayor información o trazabilidad. Un registro ayudaría a transparentar mejor las contrataciones y facilitaría las labores de supervisión”, explicó.
Asimismo, planteó cambios para facilitar la bancarización de las organizaciones políticas y de los aportes que reciben de militantes y simpatizantes.
“Los partidos tienen enormes dificultades para acceder a productos financieros. Muchas entidades bancarias son reacias a trabajar con ellos por los riesgos reputacionales que perciben. Eso termina complicando la trazabilidad de los aportes. Se requiere un marco que permita una mejor bancarización”, señaló.
Finalmente, Tello consideró que el nuevo Congreso debería impulsar reformas orientadas a fortalecer la transparencia del financiamiento político.
“Los partidos nunca han tenido tanto dinero para financiarse como ahora. A mayor cantidad de recursos públicos, mayor responsabilidad. Por una cuestión de empatía con los ciudadanos, deberían promover cambios normativos que permitan transparentar mejor el uso de estos fondos”, concluyó.
¿Estarán los partidos políticos a la altura de la mayor cantidad de recursos públicos que hayan recibido en su historia? En el último quinquenio, los reportes de la ONPE demostraron que en varios partidos no se usó correctamente
ese dinero.
