La banda, integrada por ciudadanos nacionales y extranjeros, exigía cupos diarios de hasta S/70 a más de 190 choferes. El megaoperativo incluyó el allanamiento de 21 viviendas y una requisa en el penal de Lurigancho.
En una contundente respuesta frente a la delincuencia, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, en coordinación con la Policía Nacional, desmanteló a la red criminal autodenominada ‘La Red del Silencio’.
Esta organización, compuesta por más de dos docenas de ciudadanos peruanos y extranjeros, se dedicaba a la extorsión sistemática y al cobro de cupos en el sector transportes.
El despliegue policial y fiscal incluyó la detención preliminar por 15 días de 25 sospechosos, el allanamiento simultáneo de 21 propiedades y una requisa estratégica dentro de un pabellón del centro penitenciario de Lurigancho.
De acuerdo con las indagaciones del Ministerio Público, lideradas por el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina (coordinador nacional de las Fecor), la banda criminal incrementó agresivamente sus operaciones delictivas durante el año 2025.
Su hegemonía violenta se concentraba principalmente en la zona de Oquendo, en el Callao, expandiéndose hacia distritos de Lima Norte como San Martín de Porres y Los Olivos, entre otros puntos de Lima.
Las víctimas de este entramado eran tanto empresas de transporte formal como informal, entre las que figuran marcas conocidas como Translima y Holding Real Express S.A., afectando directamente a choferes, cobradores y dueños de los vehículos.
Se calcula que al menos 190 unidades vehiculares, que cubrían rutas concurridas como la avenida Izaguirre, eran obligadas a pagar para poder trabajar en paz.
Mensajes de terror por WhatsApp y atentados
Para amedrentar a sus víctimas, ‘La Red del Silencio’ utilizaba líneas telefónicas con prefijos nacionales e internacionales.
A través de grupos de WhatsApp, enviaban advertencias explícitas contra la vida y la integridad física de los trabajadores, adjuntando fotografías de artefactos explosivos y armas de fuego de largo alcance.
Las pesquisas fiscales señalan que la organización criminal exigía pagos diarios que fluctuaban entre S/10 y S/40 por unidad vehicular, llegando incluso hasta S/70 diarios en algunos casos.
Las autoridades también los vinculan con recientes atentados armados y disparos contra los buses en circulación, tácticas violentas que empleaban para presionar a las empresas que se resistían a pagar las cuotas.
El inicio de este caso fue posible gracias a las denuncias reservadas y testimonios de los propios transportistas afectados, quienes rompieron el miedo para alertar a las unidades de inteligencia.
