«La pregunta clave es: ¿qué se puede hacer para frenar esta ola de violencia? Los especialistas han planteado diversas estrategias, desde el fortalecimiento de la inteligencia policial hasta la implementación de políticas más agresivas de prevención y control».
La extorsión se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad ciudadana en el Perú. El fenómeno, que antes parecía focalizado en ciertas regiones, ha alcanzado una expansión alarmante, afectando tanto a grandes ciudades como a localidades más pequeñas. En esa línea, el fin de semana pasado un dominical alertó que la extorsión afectaba ya al transporte público en Miraflores, distrito turístico, comercial y urbano de Lima.
En sintonía con esta problemática, el miércoles pasado, los analistas Carlos Basombrío y Ricardo Valdés hicieron una presentación detallada sobre este tema a un grupo de empresarios y gerentes, incluyendo datos estadísticos que permiten dimensionar la magnitud del problema.
Uno de los cuadros más relevantes fue el que contenía la tasa de denuncias policiales por extorsión en 2024, medida por cada 1,000 habitantes. En esta estadística se identificaron regiones particularmente castigadas: La Libertad (despuntando en el cuadro), Tumbes, Lima, Piura, Lambayeque, Ica, el Callao y Áncash. Sin embargo, lo más preocupante es que la extorsión no es un fenómeno aislado en ciertas áreas; afecta a todo el país, aunque con diferentes niveles de intensidad. Algunas regiones experimentan un aumento agresivo de estos delitos, mientras que en otras su presencia es aún emergente, pero en crecimiento. Además, que la actividad extorsiva hoy en día usa la tecnología y en algunos casos hasta se vale de las billeteras electrónicas para percibir rápidamente los ingresos ilícitos.
Otro dato alarmante es la evolución de los homicidios relacionados con el crimen y la violencia. Según el análisis presentado, en 2024 estos crímenes han crecido notablemente en los distritos periféricos de Lima. En contraste, en algunas zonas mesocráticas de la capital, la tasa de homicidios parece mantenerse más baja, quizá por la mayor presencia del Serenazgo u otros mecanismos de seguridad, aunque esto podría también deberse a un subregistro de los casos. La última medición oficial de homicidios en el Perú data de 2021, cuando la tasa era de alrededor de 8.3 por cada 100,000 habitantes. Hoy, aunque no existen cifras oficiales recientes, las proyecciones estiman que esta tasa ha aumentado a 10.5 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Estos datos reflejan una realidad preocupante: la delincuencia organizada y, en particular, la extorsión han tomado un rol protagónico en la crisis de seguridad que enfrenta el país. La falta de una estrategia efectiva para combatir, sobre todo, este delito, sumada a la sensación de impunidad, ha permitido que siga expandiéndose.
La pregunta clave es: ¿qué se puede hacer para frenar esta ola de violencia? Los especialistas han planteado diversas estrategias, desde el fortalecimiento de la inteligencia policial hasta la implementación de políticas más agresivas de prevención y control.
Lo cierto es que el Perú enfrenta un desafío urgente. Si no se toman medidas inmediatas, el problema seguirá creciendo, afectando la calidad de vida de los ciudadanos y debilitando aún más la confianza en las instituciones tutelares.
