Según Sánchez, la negativa de la Cancillería de apoyar el pronunciamiento del grupo de trabajo de la ONU respondería a un pedido de Keiko Fujimori.
Los representantes de la agrupación política Juntos por el Perú (JPP) demandaron al Poder Ejecutivo la inmediata excarcelación del expresidente Pedro Castillo, tras el informe emitido por un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De no ser así, desde la organización presionaron al Ministro de Justicia Luis Enrique Jiménez Borra para que deje su cargo.
El senador electo, Jaime Quito, quien fue elegido por JPP dijo en una conferencia de prensa hoy organizada por el excandidato Roberto Sánchez, que las conclusiones del organismo internacional corroboran que durante los hechos del 7 de diciembre de 2022 no se respetaron las garantías del debido proceso.
Según Quito, la permanencia de Castillo en prisión responde a factores políticos y exhortó al actual mandatario José Balcázar, a liberarlo inmediatamente.
«Quien debería, en primer lugar, resolver este problema es el Poder Judicial, porque es quien sentenció en primera instancia. Aquí recae en la prerrogativa constitucional que tiene el presidente de la República, quien debería, en el acto, dar la gracia presidencial. Y si el ministro de Justicia no está de acuerdo, tiene que dar un paso al costado, porque la decisión del presidente va. Y si no está de acuerdo su ministro, se va (el ministro). Lo que nosotros exigimos y pedimos en el acto, y eso se debería dar el día de hoy mismo, la liberación de Pedro Castillo por los argumentos que no solamente nosotros los estamos planteando, sino que son organismos e instituciones internacionales», dijo el parlamentario.
NIEGAN A SENDERO
Por su parte, el dirigente y diputado electo de dicho partido, Ernesto Zunini, respondió a la pregunta donde le invitaron a desmarcar de Sendero Luminoso y el MRTA. Y es que, fue Wilfredo Robles, quien estuvo sentenciado por terrorismo durante 10 años, fue quien presentó el mencionado recurso a favor de Pedro Castillo ante la ONU. Robles, más adelante, también firmó los planillones del brazo político de Sendero Luminoso, el Movadef.
«Sendero Luminoso y el MRTA no existen. Sería bueno que actualicen su información. En segundo lugar, cualquier ciudadano tiene derecho a interponer un recurso. Entendemos nosotros que el señor Robles no tiene ninguna cuenta pendiente con la justicia. Por lo tanto, existe el derecho de interponer ese recurso como cualquiera de nosotros lo podría haber hecho. Lo importante, y creo que tomen nota de esto que hemos dicho últimamente, es que en este informe que yo hice presente al Congreso, el Estado peruano ha emitido sus descargos. Es decir, ha dado una respuesta. La justicia ha convocado a sus defensores y por escrito ha alcanzado su posición. Y pese a ello, los juristas expertos internacionales le han dado la razón a la causa que defendemos nosotros, que es la libertad de Pedro Castillo», mencionó en la misma conferencia de prensa.
Asimismo, Roberto Sánchez criticó el pronunciamiento de la Cancillería peruana que cuestionó las conclusiones de los expertos internacionales y sugirió que la culpa de esto es de nada más y nada menos que Keiko Fujimori.
«El comunicado de Cancillería contradiciendo esta certeza institucional de expertos internacionales, nosotros nos preguntamos, tampoco es una casualidad. El señor Pareja, que desde nuestro punto de vista actúa de manera cesgada. Nosotros preguntamos, ¿quién dirige la política exterior? ¿El ministro o el presidente? Pues quien dirige la política exterior es el presidente, le guste o no al señor canciller (…) quizás se lo ha solicitado la señora Keiko Fujimori. Tampoco tampoco es casualidad que sea justo el señor canciller que solicitó que se modificara el procedimiento electoral de la segunda vuelta», manifestó Sánchez.
HABEAS CORPUS
En medio de todo esto, el Segundo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite una demanda de Habeas Corpus interpuesta por el abogado Walter Ayala Gonzales a favor de Pedro Castillo Terrones. El recurso legal está dirigido contra el presidente de la República, José María Balcázar Zelada, el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, y altas autoridades del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público por supuestas afectaciones a la libertad individual del exmandatario. La judicatura dispuso correr traslado de los actuados a la Procuraduría General del Estado y a los órganos de defensa de las instituciones implicadas para que emitan sus descargos en un plazo de tres días.
