La medida incluye el rastreo de cuentas bancarias y de llamadas de los implicados.
El Ministerio Público ha decidido dar un paso clave en las pesquisas que involucran a las más altas esferas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Primer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso extender por ocho meses adicionales la investigación preliminar contra el exjefe de dicho organismo, Piero Corvetto Salinas, y otros implicados.
A los investigados se les atribuye la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en perjuicio del Estado.
El caso gira en torno a presuntas sospechas de corrupción en la adjudicación del millonario servicio de transporte de carga para la distribución y repliegue del material de votación, equipos informáticos y herramientas logísticas utilizadas en la primera vuelta de las Elecciones 2026.
De acuerdo con la tesis del despacho fiscal, encabezado por el fiscal provincial Reynaldo Ariano Abia Arrieta, diversos funcionarios y servidores de la ONPE habrían intervenido en las etapas preparatorias, de selección y ejecución con un fin ilícito.
El Ministerio Público advierte la existencia de un presunto direccionamiento directo para favorecer a la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., corporación que terminó obteniendo la buena pro del concurso.
Las presuntas irregularidades detectadas
La Fiscalía sostiene que la evaluación técnica a favor de la empresa ganadora se manejó bajo criterios discrecionales y lineamientos normativos “emitidos a la medida”, rompiendo los principios de transparencia, eficiencia y legalidad que rigen la contratación pública.
Uno de los hallazgos más contundentes del documento fiscal cuestiona severamente la verdadera capacidad operativa de la compañía adjudicada:
La oferta presentada
Gálaga S.A.C. entregó una nómina de 70 conductores ante la ONPE con el aparente objetivo de certificar que cumplía con el robusto despliegue exigido por el Estado.
La realidad laboral
Al cruzar los datos oficiales, la Fiscalía descubrió que la empresa solo registraba 13 trabajadores en planilla y 20 prestadores de servicios independientes, sumando apenas un total de 33 personas aptas.
Pese a este evidente desfase, las alertas no fueron observadas por los comités de control internos, lo que habría permitido que el proceso siguiera su curso regular hasta consumar la firma del contrato.
Para el Ministerio Público, este escenario refuerza la hipótesis de un pacto o preacuerdo bajo la mesa entre los involucrados y la empresa privada.
Levantamiento de secretos bancarios y de comunicaciones
Ante la necesidad de acopiar mayores elementos de convicción, la disposición fiscal ha ordenado medidas drásticas que golpean directamente el entorno de los investigados.
Se ha solicitado formalmente el levantamiento del secreto bancario y de las telecomunicaciones para un grupo específico de exfuncionarios y servidores.
La medida alcanza a las siguientes personas: Piero Alessandro Corvetto Salinas, José Edilberto Samamé Blas, Juan Antonio Phang Sánchez, Juan Charles Alvarado Pfuyo, Hilda Elizabeth Otoya Alvarado, William Martín García Velásquez y Lilia Flores Bancho.
Con el rastreo de sus movimientos financieros y el flujo de llamadas, el Ministerio Público busca identificar transferencias sospechosas o coordinaciones ilícitas ocultas.
La Fiscalía ya cuenta en su poder con material incriminatorio recogido previamente, como los términos de referencia del concurso, agendas de los altos mandos, hojas de vida de los servidores y el contrato definitivo 176-2026-ONPE firmado en la sede de Lurín.
Sin embargo, la ampliación del plazo servirá para activar nuevas diligencias de campo y auditorías.
