Ministro del Interior interpuso denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación por abuso de autoridad, y pide su inhabilitación por 10 años ante el Congreso.
Choque de poderes. En menos de una semana, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez formuló una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, la Fiscal de la Nación.
La acusación se erige sobre la presunta infracción constitucional y un abuso de autoridad que, de ser probado, podría marcar un antes y un después en la actual relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
La denuncia, interpuesta ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso el lunes 17 de febrero, es un acto cargado de implicaciones.
Santiváñez no solo cuestiona el accionar de la fiscal, sino que va más allá, solicitando su inhabilitación por un período de 10 años, un golpe fuerte que podría alejarla del ejercicio de su función pública en caso de que se le dé curso.
El hilo de la acusación se teje con base en un incidente reciente que involucra a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El titular del Interior ya había presentado en esa instancia una denuncia contra Espinoza hace una semana, cuando la fiscal le exigió, bajo una presión de 48 horas, el acceso a su cuenta de iCloud para obtener información del celular que él había entregado previamente formateado. Un pedido que ha desatado toda una tormenta judicial.
El recurso constitucional, más que un simple acto de denuncia, se convierte en una encrucijada entre la legalidad y el supuesto abuso de poder.
Santiváñez considera que la solicitud de la fiscal excede sus competencias, y es esta percepción de abuso la que lo ha llevado a presentar la denuncia.
La decisión que adopte la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría no solo alterar su futuro profesional, sino también reconfigurar las dinámicas de poder en el ámbito judicial y político en Perú.
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