El gobierno de José Antonio Kast inició el traslado de extranjeros con antecedentes penales y situación irregular hacia sus países de origen.
Tensión migratoria en Chile. El presidente José Antonio Kast anunció una serie de operativos de deportación que busca reducir la presencia de más de 300 mil ciudadanos en condición irregular, utilizando tanto vuelos como transporte terrestre.
Esta medida ha generado un impacto inmediato en el flujo fronterizo con el Perú, país que ya había reforzado su presencia militar y policial en la región de Tacna para mitigar los riesgos asociados a ingresos por pasos no habilitados.
Desde la ciudad de Iquique despegó el primer vuelo oficial con 40 ciudadanos extranjeros, cuyos destinos finales fueron Bolivia, Colombia y Ecuador.
Según las autoridades chilenas, el grupo estaba compuesto por individuos con órdenes administrativas y judiciales, algunos de ellos vinculados a crímenes de alta peligrosidad como robos con intimidación y delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, enfatizó que estas acciones se realizarán sin previo aviso para garantizar su efectividad, subrayando que la prioridad de la actual gestión es el ordenamiento de sus fronteras y la seguridad nacional.
En territorio peruano, la vigilancia se ha intensificado mediante patrullajes motorizados permanentes y el uso de tecnología avanzada, como drones y cámaras térmicas, para monitorear cada tramo de la frontera sur.
Las fuerzas de seguridad han establecido una presencia continua en los distritos de Palca, La Yarada-Los Palos y Tarata, identificando y cerrando rutas clandestinas que suelen ser utilizadas por redes de tráfico de personas.
Aunque el control es riguroso para prevenir la migración descontrolada, las autoridades locales han señalado que se mantienen protocolos para la atención de casos vulnerables, asegurando que el despliegue operativo respete la normativa vigente en materia humanitaria.
