Caso ‘Mochasueldos’: Extienden plazo para investigar a fujimorista María Cordero
La congresista es acusada de obligar a un trabajador a entregarle la mitad de su sueldo.
La congresista suspendida, María Cordero, está siendo investigada por la fiscalía bajo mandato de comparecencia con restricciones. Se le acusa del presunto delito de «concusión en agravio del Estado» por supuestamente haber obligado a un trabajador de su despacho a entregarle la mitad de su sueldo entre marzo y agosto de 2022.
El Poder Judicial ha decidido ampliar por ocho meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria en este caso. Esta decisión fue tomada por el juez Supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró «fundado» el requerimiento presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos.
El Ministerio Público había solicitado esta prórroga el 11 de diciembre de 2024, justo el día en que vencía un plazo previo de ocho meses otorgado por la misma instancia fiscal. El mencionado juez consideró que la requerida prórroga de ocho meses adicionales se justifica para que «sea factible realizar los actos de investigación pendientes en este (emblemático) caso».
Vale informar que, según la Fiscalía, se solicitó la extensión del plazo de pesquisas debido a la complejidad de la investigación y la necesidad de realizar otros actos pendientes, como el levantamiento del secreto bancario, la declaración de la investigada como de testigos, y, además, el requerimiento de informes y registros al Congreso de la República.
Por su parte, la defensa legal de María Cordero se opuso a la prórroga, argumentando que no hubo obstrucción en la investigación y sugiriendo una prórroga de solo cuatro meses. Además, que se abstuvo de declarar por escrito, haciendo valer su derecho a no autoincriminarse. Presentarán un recurso de nulidad por vulneración al debido proceso y derecho de defensa.
¿De qué se le acusa a congresista María Cordero?
María Cordero es investigada por el presunto delito de «concusión en agravio del Estado»; es decir, se le acusa de haber obligado a un trabajador de su despacho a entregarle la mitad de su salario entre marzo y agosto de 2022 (‘mochar’ sueldo).
La Fiscalía formalizó esta investigación luego de que el Congreso aprobara suspenderla y levantar su inmunidad parlamentaria en marzo de 2024; sin embargo, no aprobaron la propuesta de inhabilitarla por 10 años para ejercer cargos públicos.
