“Los ciudadanos tenemos el derecho a ser bien informados, al voto ‘a sabiendas’”.
Con actas contabilizadas a más del 99% por parte de la ONPE, queda claro que pelearán la Presidencia del Perú en segunda vuelta Keiko Fujimori, por Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, por Juntos por el Perú. Candidaturas de modelos ideológicos y económicos abiertamente opuestos, la primera de derecha conservadora y el segundo, de izquierda radical, ninguno logró mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas, estando obligados, máxime el ganador, de hacer alianzas o pactos políticos, que le garantice permanencia y gobernabilidad.
La candidatura de Roberto Sánchez es una especie de déyà vu de la de Pedro Castillo, sentenciado por la Corte Suprema a 11 años de prisión efectiva por el delito de Conspiración para la Rebelión por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En su momento, Castillo representaba el voto de las poblaciones indígenas y amazónicas, que buscaban y aún buscan atención del Estado y participación activa en los cargos donde se adoptan decisiones que repercuten en su calidad de vida. Castillo fue un vendedor de ilusiones, sabiendo que no tenía mayoría parlamentaria, continuó prometiendo cambiar el actual modelo económico y la Constitución de 1993.
Y su heredero político, Sánchez, ¿cómo pretende viabilizar constitucionalmente su plan de gobierno y sus declaraciones públicas?, la más delicada, el pretender desconocer la autonomía del Banco Central de Reserva, cuyo presidente Julio Velarde ha sido la garantía de la buena salud de nuestra macroeconomía y la consolidación de nuestra moneda, el sol. Velarde, tildado de trabajar para las transnacionales, de defender el derecho de los privados, ha sido amenazado de ser echado del cargo el primer día de gobierno de Sánchez, típico discurso comunista de la Cuba de Castro, en mi opinión.
Es de ignorancia supina afirmar tales cosas no solo de Velarde sino de su directorio, máxime para alguien como Sánchez que ha desempeñado cargos en el Ejecutivo y gobiernos municipales. El BCR es una entidad y sus decisiones se acuerdan colegiadamente; sin su buen manejo, hace tiempo el Perú se hubiera ido al garete, con tanto corrupto e inepto en la administración pública, además de la nefasta crisis sanitaria del COVID-19.
Urge se inicien los debates oficiales del JNE, entre Fujimori y Sánchez, y que esta vez sea un formato que permita réplica y dúplica de los temas y no el remedo de debate de la primera vuelta. Los ciudadanos tenemos el derecho a ser bien informados, al voto “a sabiendas”.
Por lo pronto, Sánchez mínimamente debiera garantizar, públicamente, si es posible, suscribir un compromiso de que respetará la autonomía y las reservas del BCRP, que es ahora mismo para el Perú, “la joya de la corona”.
