Renzo Reggiardo denunció la exclusión de un millón de electores y exigió una auditoría urgente a la ONPE por irregularidades en el proceso. «No permitiremos que se vulneren los derechos de los ciudadanos», sentenció.

El alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reggiardo, emitió un pronunciamiento tras la decisión unánime del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar inviable la realización de elecciones complementarias en la capital. La autoridad edil calificó esta medida como una vulneración directa a la Constitución y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para defender el derecho al voto de miles de limeños.

Un millón de ciudadanos excluidos
Según el burgomaestre, la resolución del máximo órgano electoral deja fuera del proceso a aproximadamente un millón de electores, afectando la legitimidad de los resultados.

«El derecho al voto es un pilar esencial del orden democrático. ¿Qué norma puede situarse por encima de la Constitución para declarar inviable una ampliación del proceso?», cuestionó Renzo Reggiardo, apelando al principio de supremacía constitucional.

Denuncias de irregularidades y pedido de auditoría
El pronunciamiento también puso bajo la lupa el desempeño de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
El alcalde detalló una lista de incidentes «nunca antes registrados» que, a su juicio, empañaron la jornada: como las demoras injustificadas en la apertura e instalación de mesas, la falta de material electoral en diversos puntos de la ciudad, la presunta desaparición de actas tanto en Lima como en el extranjero, y la incorporación extemporánea de actas de la serie 900.

Ante estos hechos, Reggiardo exigió la realización inmediata de una auditoría al software y al sistema de cómputo administrado por la ONPE para devolver la confianza y transparencia al sistema electoral.

Ofensiva legal ante el Tribunal Constitucional
De no prosperar una reconsideración por parte del Pleno del JNE, el alcalde confirmó que interpondrá las acciones constitucionales correspondientes ante el TC. El objetivo es restituir el ejercicio pleno del sufragio que, según afirma, ha sido convalidado erróneamente por el JNE.

«La defensa del derecho al voto no es solo una cuestión jurídica, sino un imperativo ético y republicano», señaló el alcalde, quien finalizó exhortando a la ciudadanía, actores políticos y al sector empresarial a mantenerse vigilantes frente al orden constitucional y la institucionalidad democrática del país.

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