La medida, oficializada mediante decreto supremo, mantiene la restricción de derechos constitucionales y refuerza el despliegue de seguridad en zonas con alta incidencia delictiva.
El Gobierno peruano decidió prorrogar por 60 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, en un intento por contener el avance de la criminalidad y la violencia que afecta a la capital y al primer puerto.
La disposición entró en vigencia desde este miércoles 29 de abril y fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, publicado en el diario oficial.
La medida establece que la Policía Nacional del Perú continuará a cargo del control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, que intervendrán en puntos estratégicos definidos a partir de inteligencia operativa, mapas del delito y niveles de incidencia criminal.
Refuerzo de la seguridad en zonas críticas
El decreto precisa que las acciones se focalizarán en áreas identificadas como prioritarias por su alta tasa delictiva. En estos sectores, las fuerzas del orden desplegarán operativos conjuntos con el objetivo de prevenir delitos, capturar a organizaciones criminales y garantizar la seguridad ciudadana.
La participación de las Fuerzas Armadas se mantendrá como apoyo logístico y operativo a la Policía, en una estrategia que busca recuperar el control en territorios golpeados por la violencia.
Como parte del estado de emergencia, se mantiene la restricción de ciertos derechos fundamentales, conforme al artículo 137 de la Constitución. Entre ellos se encuentran la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
En ese contexto, las actividades públicas masivas —como eventos culturales, religiosos o deportivos— deberán contar con autorización previa de las autoridades competentes. En cambio, las reuniones no masivas podrán desarrollarse sin necesidad de permiso.
