La medida regirá desde el 6 de abril en la provincia liberteña, donde las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno con apoyo de la Policía Naciona
El Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, por un periodo de 60 días, como parte de la estrategia para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal y otros hechos de violencia registrados en la zona. La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 049-2026-PCM y entrará en vigencia el próximo 6 de abril.
La norma dispone que las Fuerzas Armadas continúen a cargo del control del orden interno en la provincia, mientras que la Policía Nacional del Perú prestará apoyo en las labores de seguridad, patrullaje y cumplimiento de la ley. La medida da continuidad a las acciones excepcionales ya desplegadas en este territorio, considerado uno de los focos más sensibles por la presencia de economías ilegales.
Durante la vigencia del estado de emergencia quedarán restringidos algunos derechos constitucionales, entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y la libertad y seguridad personales, tal como lo permite el artículo 137 de la Constitución en contextos de alteración del orden interno.
En esa misma línea, el Ejecutivo prorrogó la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. La restricción contempla excepciones para trabajadores y operadores de servicios esenciales, como salud, abastecimiento de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, seguridad ciudadana y atención en farmacias.
Informe militar sustentó continuidad de la intervención
La decisión del Ejecutivo se apoya en una evaluación elaborada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que advirtió la persistencia de actividades ilícitas en la provincia y recomendó mantener el despliegue extraordinario para recuperar condiciones mínimas de seguridad. Pataz ha sido escenario de reiteradas intervenciones estatales debido al avance de redes criminales asociadas a la extracción ilegal de minerales y a disputas violentas por el control del territorio.
El decreto también establece que el Comando Unificado de Pataz deberá presentar un informe detallado sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos durante este nuevo periodo de intervención. Ese balance será remitido tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso de la República, en un contexto en el que la respuesta del Estado frente a la criminalidad en corredores mineros ilegales sigue bajo escrutinio.
