En cuanto a la informalidad, señaló que en el Perú hay 277 distritos que no registran ningún trabajador formal del sector privado. Por ello, consideró que es necesario unificar los regímenes tributarios y dar mayor flexibilidad laboral.
La delincuencia y la informalidad son dos problemas que golpean al país desde hace mucho tiempo y hasta la fecha no se han tomado acciones concretas para reducir los índices de estos flagelos, por el contrario, las cifras siguen en aumento. Por ello, representantes del sector empresarial y de trabajadores se unieron en CADE 2024 para abordar estos temas y brindar algunas propuestas para combatir ambos problemas.
Uno de los más enfáticos fue el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James, quien señaló que el 51% de industriales en el Perú ha sido víctima de un hecho delictivo y un 45% ha tenido que aumentar sus costos por la ola de criminalidad. Por ese motivo, propuso un servicio militar acompañado de educación técnica para los jóvenes que no estudian ni trabajan.
En cuanto a la informalidad, señaló que en el Perú hay 277 distritos que no registran ningún trabajador formal del sector privado. Por ello, consideró que es necesario unificar los regímenes tributarios y dar mayor flexibilidad laboral.
NO FUNCIONA
Una de las razones por las que las cifras no se reducen está relacionada con la falta de acciones. El presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, señaló en ese sentido que el Estado no está funcionando porque son los políticos los que tienen el control estatal.
Para el empresario, lo que se necesita es trazar una ruta para reducir la informalidad, pero también que las opiniones de la sociedad civil sean vinculantes.
En tanto, el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, señaló que el trabajo que se requiere no recae sobre un solo poder del Estado, sino sobre todos, así como de la voluntad política. Además, cuestionó que hasta la fecha no se haya tomado acciones para reducir la informalidad y las barreras burocráticas, lo cual impacta en la desprotección social, más allá de la evasión tributaria.
Y desde los trabajadores, el presidente de la Asociación para el Trabajo y Construcción Civil (FTCCP), Luis Villanueva, reclamó que desde 2004 se registran extorsiones en la construcción, y 20 años después “no se ha hecho nada”. “Muchos operan bajo la fachada de organización sindical y no son sindicatos”, advirtió.
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