No contentos con vivir sangrando el erario desde hace más de una década, en Petroperú, además, parecen esforzarse en seguir dañando lo que es patrimonio de todos los peruanos.
Lo ocurrido en la refinería de Petroperú en Talara, con la fuga de crudo, no debería pasarse por alto. Las terribles imágenes que han circulado son bastante expresivas.
No lo decimos únicamente por las petulantes explicaciones y justificaciones que dio Oscar Vera, gerente general de la empresa, tan ofensivas para los pobladores de la zona que obligaron al personaje a ‘salir pitando’ cuando se presentó ante ellos (para los olvidadizos conviene recordar que este señor minimizó el hecho diciendo algo así como ‘nosotros matamos menos’ al alegar que “no es un derrame mayor, es algo menor, mucho menor”). Lo decimos porque estamos, sobre todo, frente a la enésima exhibición de incompetencia ofrecida por un organismo del Estado.
No contentos con vivir sangrando el erario desde hace más de una década, en Petroperú, además, parecen esforzarse en seguir dañando lo que es patrimonio de todos los peruanos. Y en medio de la polémica por el rumbo que la presidenta Dina Boluarte decidió darle a la petrolera, desoyendo las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, se produce este costoso incidente.
Costoso porque afectó gravemente a las especies marinas y causó un severo perjuicio al sector turismo —justo cuando la temporada entraba en uno de sus picos estacionales— y a la pesca artesanal. El hecho debería haber movilizado de inmediato al Congreso para exigir explicaciones plausibles a los directivos de Petroperú, igual que cuando se planteó lo mismo en otro derrame que ocurrió en las inmediaciones de Lima con una empresa privada.
Pero es conocido el modo en que el Parlamento y el Gobierno manejan el país, y sus representantes seguramente pasarán el incidente por agua tibia —con perdón por el término— a través de reproches verbosos, meramente formales y a la distancia, para no interrumpir sus celebraciones de fin de año.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) del Ministerio del Ambiente dictó medidas administrativas de cumplimiento inmediato a la empresa Petroperú S.A. tras el derrame, que esperamos que la empresa cumpla escrupulosamente.
Y aquí viene el otro aspecto relacionado con el daño ambiental registrado en Talara. La izquierda, congresistas de este bloque y buena parte de las ONG relacionadas con estos temas, habitualmente tan beligerantes, han guardado un silencio sepulcral. ¿Será porque el principal directivo de Petroperú es de la misma tendencia ideológica? ¿Ese es el tipo de fiscalización sesgada que tienen?
