Denuncias ya suman 5,781 en el primer cuatrimestre, mientras se espera el anuncio de resultados de la ONPE.
Este domingo la Oficina Nacional de Procesos Electorales anunciará los resultados oficiales de la segunda vuelta.
Mientras el país seguía el conteo de votos y los discursos de un fraude electoral acaparaban la campaña, la criminalidad mantuvo su propia curva ascendente. El delito que mejor retrató esa tendencia es la extorsión: lejos de detenerse durante la campaña, registró su nivel más alto del año en abril.
Las cifras demuestran una aceleración sostenida de este delito mes a mes. El año 2026 comenzó con 1,299 denuncias por extorsión en enero y registró un ligero descenso en febrero (1,241). La curva volvió a subir en marzo, con 1,471 reportes, y alcanzó su punto más alto en abril, con 1,770 denuncias. En conjunto, el primer cuatrimestre acumula 5,781 casos, confirmando que el control de las calles continúa en disputa.
Para el exministro del Interior Carlos Morán, el problema es que esta escalada ha quedado fuera del foco público. “Parece que los peruanos estaríamos anestesiados por la coyuntura electoral y que el principal problema del país haya pasado a un segundo plano”, sostiene. Según advirtió en conversación con Perú21, los asesinatos de transportistas y trabajadores continúan ocurriendo sin generar la misma reacción que el conflicto político.
Morán remarcó que, aunque los homicidios han mostrado una reducción frente al año anterior, los delitos de mayor impacto social siguen creciendo. “La muerte de un transportista, de un chofer o un cobrador golpea a los más desfavorecidos y genera una sensación de temor que mantiene alta la percepción de inseguridad en un 86%”, explicó.
LOS OTROS DELITOS
El aumento de la extorsión convive con el crecimiento acelerado del crimen digital. En abril, las denuncias por delitos informáticos pasaron de 49 a 196 en comparación con el mismo mes del año pasado, un salto de 300%, según el último reporte del Ministerio del Interior. Más de la mitad correspondió a préstamos informáticos extorsivos, como el denominado ‘gota a gota’, una modalidad que Perú21 ya ha denunciado anteriormente.
Ese mismo mes, la Central Única de Denuncias recibió 6,703 comunicaciones, 35.9% más que en abril de 2025. De ellas, 1,002 se convirtieron en denuncias admitidas. Las estafas encabezaron el ranking con 313 casos, seguidas por conductas indebidas del personal policial, violencia familiar y trata de personas, que también registró un aumento significativo.
El criminólogo y exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos coincide en que la campaña electoral desplazó la discusión sobre seguridad. “Uno hubiese esperado que el tema tenga mayor protagonismo; sin embargo, no hubo tantas propuestas en torno a seguridad ciudadana”, señaló.
El especialista advirtió que el país enfrenta amenazas más amplias que el delito común. Entre ellas, el crecimiento de economías ilegales como la minería ilegal, que considera la principal amenaza electoral por su capacidad de financiamiento y su dificultad de rastreo.
“Basta ver a los partidos que hemos visto en campaña: ¿cuántos han hablado frontalmente contra el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)? Ninguno. ¿Cuántos, inclusive, han tenido en sus listas a gente que está vinculada a esas economías ilegales e informales? Hoy día, la principal amenaza electoral del Perú es la minería ilegal. La principal, porque no hay forma de controlarlo, es mucho dinero”, aseveró en entrevista con este diario.
Zevallos también señaló debilidades estructurales en la lucha contra la ciberdelincuencia, desde la falta de coordinación con empresas de telecomunicaciones hasta las limitaciones presupuestales de las unidades policiales especializadas.
Mientras el país se concentra en el desenlace electoral, el crecimiento sostenido de este delito confirma que la agenda de seguridad sigue pendiente.
