Equipo de auditores fiscaliza cumplimiento de la normatividad en entidades públicas de la región.
Un equipo de auditores de la Contraloría General de la República se desplaza a las provincias cajamarquinas de Celendín, Chota, Cutervo y Jaén como parte de un operativo nacional de control territorial multidisciplinario, que se prolongará hasta el viernes 24 de abril, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad en las instituciones públicas.
El servicio de control simultáneo y posterior se enfocará en la fiscalización de obras, servicios públicos y administrativos en la región Cajamarca. “Se verificará el cumplimiento de la normatividad en las instituciones y, de existir irregularidades o riesgos, detectarlos y promover una solución inmediata”, sostuvo el vocero de la Contraloría, Víctor Cabello Reynoso.
La jornada se inició el martes 21 de abril con la inspección de la gestión y disposición final de residuos sólidos en los distritos de Cortegana, provincia de Celendín; Choropampa, provincia de Chota; y Bellavista, en la provincia de Jaén. Asimismo, se supervisó el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de alimentos del programa del Vaso de Leche en Cortegana.
“El operativo de control se realiza a nivel nacional con el propósito de garantizar el buen uso de los recursos públicos, mediante la fiscalización de las entidades del Estado, a fin de que los servicios y obras lleguen a todos los peruanos”, sostuvo Cabello, quien participó en la supervisión del botadero municipal de Cortegana y en la distribución de productos del programa Vaso de Leche para niños y madres gestantes.
El contralor general, César Aguilar Surichaqui, lidera el operativo nacional de fiscalización de obras de infraestructura vial, salud y educación, así como del servicio de seguridad ciudadana municipal, servicios básicos, entre otros, como parte del fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República.
De esta manera, el órgano de control promueve una cultura de control con enfoque preventivo, mediante intervenciones descentralizadas y multidisciplinarias, priorizando regiones con mayores índices de pobreza y limitada presencia del Estado. El objetivo es generar rentabilidad social y mejorar la eficiencia y eficacia en el sector público, precisó el vocero de la Contraloría.
