El Legislativo afronta una nueva prueba de fuego. Tras la presión pública por la detención preliminar, ahora deberá decidir si avanza con la fiscalización de las ONG o cede ante denuncias de injerencia extranjera.
Vuelve la presión al Parlamento. A una semana de que el Pleno se vea obligado a colocar en agenda y aprobar la ley que restituye la detención preliminar—bajo el peso de la exigencia ciudadana, mediática y virtual—el Legislativo enfrenta otra dura prueba.
Esta vez, el escenario es aún más complejo: la votación de la ley que exige transparencia en el financiamiento de las ONG y limita su influencia política. En juego no solo está el contenido de la norma, sino la credibilidad del Congreso ante las sospechas de presiones extranjeras que buscan frenar su avance.
La ley que fiscaliza a las ONG se perfila como un punto de quiebre. Pero el camino hacia el Pleno del jueves 13 no ha estado exento de fricciones, sospechas y advertencias de injerencia externa.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha sido categórico: la norma se votará en la próxima sesión. Así lo afirmó este viernes a Perú21, respaldando la necesidad de que la agenda parlamentaria se cumpla sin dilaciones. Sin embargo, no todos en el Legislativo comparten la certeza de que el desenlace sea tan predecible.
El congresista Jorge Montoya, férreo defensor de la iniciativa, ha lanzado una advertencia. Si la votación no se lleva a cabo en la fecha programada, pedirá explicaciones al canciller Elmer Schialer. ¿La razón? Confirmar si, como se ha venido denunciando, existen presiones internacionales—particularmente de Estados Unidos y Canadá—para evitar que esta regulación vea la luz.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, confirmó a Perú21 que este jueves 13 se votará el proyecto de ley.
No es un temor infundado. La ley, aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores hace casi nueve meses, ha estado rodeada de versiones sobre una injerencia foránea disfrazada de diplomacia. Las ONG, por su parte, han rechazado los señalamientos, alegando que la norma busca silenciarlas y restringir su accionar en el país.
Salhuana justificó la postergación del debate y defendió que el retraso responde a la necesidad de lograr consensos: “Esta norma vinculada a los organismos no gubernamentales se va a ver el próximo jueves. Se iba a poner en debate ayer (jueves), pero algunas bancadas nos solicitaron que tenían dudas al respecto. Se ha afinado el texto. Y es mejor que entre un texto consensuado que tener un debate prolongado y no se apruebe”, aseguró a este medio.
Más allá de las posiciones, la sesión del jueves 13 definirá si el Congreso cierra filas o cede ante la incertidumbre.
El reloj avanza, la expectativa crece. Si el Congreso falla en esta cita con su propia agenda, quedará la pregunta inevitable: ¿quién gobierna realmente en el Parlamento, la política interna o las fuerzas externas que la rodean?
