De esta manera, el exmandatario afrontará en libertad el juicio por recepción de coimas a cambio de obras.
Pareciera que fue ayer cuando el país vio a otro expresidente ser recluido en el penal de Barbadillo, porque apenas pasaron 21 días entre la orden de 5 meses de prisión preventiva que se dictó contra Martín Vizcarra y la decisión de un tribunal que resolvió anularla.
Ayer, justamente, la Tercera Sala de Apelaciones Nacional notificó la resolución que dispuso la inmediata liberación de Vizcarra al advertir que el juez de primera instancia, Jorge Chávez Tamariz, incurrió en “errores” en su decisión del 13 de agosto.
La sala que preside el juez Víctor Enríquez Sumerinde enumeró “agravios” que, a juicio de los magistrados, vulneraron los derechos del exmandatario, quien no se salva de la acusación por recibir millonarias coimas cuando era gobernador de Moquegua (2011-2014).
Solo un respiro
Los jueces advirtieron que Chávez Tamariz se pronunció sobre una aparente ausencia del arraigo familiar de Vizcarra Cornejo cuando el fiscal Germán Juárez, durante su pedido de prisión preventiva, no había incidido en ello.
“Este proceder vulnera la norma procesal invocada que activó el presente incidente y demuestra que el a quo (juez) no cuidó la coherencia o congruencia de las pretensiones”, se lee en el documento.
En esa línea, señalaron que Chávez concluyó que no existía el arraigo familiar porque los hijos del exjefe de Estado ya no dependían económicamente de él.
Al respecto, cuestionaron que el magistrado haya actuado por “automatismo” y no analizara el contexto y la situación personal del acusado, porque en un allanamiento de 2024 se dejó constancia que en su vivienda se encontraban su hijo menor y su esposa Maribel.
Sobre el arraigo laboral, el tribunal desestimó el criterio del juez Chávez que consideró que el contrato suscrito entre el exgobernante y Urbaniza 3D, empresa familiar, fue para aparentar sujeción al proceso penal.
“En cuanto a este aspecto, el a quo (juez) llega a una conclusión no justificada, pues de que se trate de una empresa familiar, no se concluye que sea un contrato fraudulento, su conclusión es solo una posibilidad a la que le faltan razones justificativas de orden fáctico”, indicaron.
Cuestionaron, de esa forma, que Chávez Tamaríz no haya alineado su valoración a la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema sobre las prisiones preventivas.
“Se ha verificado que el juez incurre en incorrección, dado que ha establecido juicios presuntivos que no se condicen con la línea jurisprudencial establecida por la Corte Suprema y por la naturaleza cautelar de una medida tan grave, como es la prisión preventiva”, añadieron.
Martín Vizcarra afronta actualmente un juicio por recibir S/2.3 millones en sobornos para conceder el proyecto de irrigación Lomas de Ilo a la empresa Obrainsa y la construcción del Hospital de Moquegua a la compañía ICGGSA.
Tras conocer la anulación de su prisión, desde las redes sociales del expresidente se emitió un comunicado en donde este cataloga ese desenlace como una “victoria” e insiste en victimizarse a pesar de las graves evidencias de corrupción que hay en su contra. Vizcarra fue inhabilitado por el Congreso para postular a cargos públicos.
