Estrategia prioriza la detección temprana en más de 70,000 internos ante una incidencia hasta 100 veces mayor que en la población general.
La tuberculosis sigue golpeando con fuerza a los penales del país. Más de 3,500 internos padecen esta enfermedad, una cifra que representa el 11% de los casos a nivel nacional y cuya incidencia en cárceles puede ser hasta 100 veces mayor que en la población general.
Frente a este escenario, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Salud (Minsa) pusieron en marcha una estrategia nacional de búsqueda activa de casos en establecimientos penitenciarios, con el objetivo de detectar a tiempo la enfermedad y cortar la cadena de contagios.
La intervención, presentada en el penal del Callao, contempla el uso de radiografías de tórax digitales con equipos portátiles y tecnología de detección asistida por computadora, lo que permitirá identificar casos sospechosos de manera más rápida y precisa.
Además, los pacientes diagnosticados iniciarán tratamiento inmediato bajo supervisión médica, con seguimiento coordinado entre ambas instituciones. La estrategia también busca proteger a más de 6,300 trabajadores penitenciarios expuestos al riesgo de contagio.
Entre 2023 y 2025, ya se tamizó a más de 60,000 personas en penales, detectando cerca de 2,000 casos. Para 2026, el plan apunta a intervenir en 31 establecimientos y ampliar la cobertura a más de 70,000 internos, en un intento por contener una enfermedad que encuentra en el hacinamiento su principal aliado.
