Familias escaparon de las llamas entre ráfagas de disparos, mientras la banda ‘Los Coyotes del Cono Sur’ intentaba un violento desalojo por órdenes de un extorsionador.
La medianoche en la Asociación de Vivienda Familiar Amor al Prójimo, en Pucusana, no trajo descanso, sino el rugido de las balas y el olor a quemado.
Lo que empezó como un silencio habitual de zona periférica se transformó, en cuestión de segundos, en una emboscada de magnitudes bélicas. Una turba de entre 130 y 200 delincuentes descendió de los cerros colindantes como una marea destructiva, armada con pistolas, piedras y bombas molotov.
El saldo es desolador: más de 30 viviendas prefabricadas reducidas a cenizas, animales domésticos calcinados y una población civil traumatizada que hoy duerme sobre los restos humeantes de lo que fue su hogar.
El ataque fue sistemático. Los delincuentes no solo prendieron fuego a las estructuras de triplay, sino que, en un acto de crueldad extrema, sacaron colchones y pertenencias a la calle para quemarlos frente a los ojos de sus dueños.
“Tuvimos que romper paredes para sacar a los niños y ancianos. Los disparos no paraban”, relató un vecino que perdió diez años de esfuerzo en minutos.
Para muchos, la única opción fue huir hacia la oscuridad del desierto, esquivando las ráfagas de fuego para no morir atrapados en las viviendas que ardían rápidamente debido a la precariedad de los materiales.
Tras el atentado, la Policía Nacional activó el Plan Cerco, logrando una captura masiva de 70 sospechosos, entre los que se encuentran cuatro mujeres y trece menores de edad. Según las investigaciones preliminares del coronel Juan Carlos Montúfar, detrás de esta barbarie se encuentra una organización criminal denominada «Los Coyotes del Cono Sur».
El autor intelectual sería un sujeto conocido como alias ‘El Ingeniero’. La historia detrás es un drama de extorsión recurrente: este individuo habría vendido terrenos del Estado a la asociación en 2017, pero a pesar de que los vecinos ya cancelaron sus predios, las exigencias de dinero continuaron.
Mientras los peritos de criminalística recogen cientos de casquillos de bala en el lugar, la presidenta de la asociación, Bélgica Nieves, exige que los detenidos —muchos con antecedentes por usurpación agravada— no sean liberados por la fiscalía.
