El penal fantasma de Ica: siete años de promesas y una obra que aún no existe

Cárcel de Ocucaje podría albergar más de 3 mil reos en 27 pabellones, pero hoy solo tiene un avance del 25%.

Hablar de reabrir El Frontón es hablar también de la larga lista de cárceles inconclusas a lo largo del país.

Pese a los informes de estudios técnicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que concluyeron que no es factible reconstruir un penal ahí, Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, ha insistido e intenta sacar a flote un proyecto millonario.

Pocos recuerdan que el motín de 1986 fue solo uno de los tantos incidentes allí ocurridos. Había intentos de saqueos, se escapaban terroristas de Sendero Luminoso y otros criminales de alto vuelo como Guillermo Portugal Delgado, alias ‘la gringa’, uno de los sentenciados más peligrosos que tuvo El Frontón.

Lo cierto es que el ministro se olvida que hay otras vías para combatir el hacinamiento. Desde hace siete años, los penales de Ica, Chincha, Arequipa, Cajamarca y Pucallpa yacen olvidados, pese a que pueden recluir en conjunto más de 12 mil reos: hasta siete veces más que el penal en el mar del Callao, que solo albergaría a 2,000 reos.

Por ejemplo en el corazón del desierto iqueño, en el distrito de Santiago, yace inconcluso el megaproyecto penitenciario de Ocucaje, conocido como el Megapenal de Ica.

Se anunció en 2018 como la gran apuesta para reducir la sobrepoblación en las cárceles del país, pero lo que existe hoy es solo un mito: un conjunto de estructuras a medio terminar y un expediente técnico que se reformuló este último lunes.

EN EL OLVIDO
La historia de este penal es, en realidad, la radiografía de un colapso. La promesa que el Ministerio de Justicia firmó en mayo de 2018 con el Consorcio Ejecutor Ica para construir el penal, se paralizó apenas dos años después, en enero de 2020: se detectaron irregularidades en la información presentada por el consorcio, lo que llevó a declarar la nulidad del contrato. Desde entonces, el proyecto quedó congelado.

En 2022, la Oficina de Gestión de Inversiones aprobó un nuevo expediente técnico valorizado en S/482 millones. Sin embargo, la construcción seguía siendo inviable: la infraestructura existente no cumplía con los estándares actuales ni con las “Reglas Mandela” de la ONU sobre el tratamiento de los reclusos.

La administración de 2023 intentó destrabar la situación contratando la reformulación del expediente técnico. Ese proceso reveló nuevos obstáculos: acceso vial desde la Panamericana Sur, suministro de agua subterránea y factibilidad eléctrica. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) exigía que el pozo estuviera perforado y equipado para otorgar licencia, mientras que ElectroDunas condicionó el suministro eléctrico a la existencia de esa licencia.

En agosto de 2024, el Estado firmó un nuevo contrato de consultoría para concluir el expediente técnico, con un plazo de ejecución de apenas 135 días. No obstante, las observaciones del supervisor y la falta de coordinación entre ANA y ElectroDunas volvieron a retrasar la entrega.

Finalmente, en abril de 2025 se aprobó la reformulación definitiva: el costo actualizado asciende a S/602.9 millones y el plazo de ejecución se extendió a 717 días calendario. Es decir, la obra será entregada probablemente en 2027.

¿Qué le cuesta más al país: actualizar un expediente o sostener un hacinamiento que duplica la capacidad del sistema?

En el Perú de las obras truncas, otra promesa como la de reabrir un penal fantasma suena demasiado familiar.