Subcomisión de Acusaciones Constitucionales delegó en Ana Zegarra la investigación de las denuncias constitucionales en su contra por el golpe de Estado del 7 de diciembre 2022.
Han pasado más de nueve meses y las denuncias constitucionales presentadas por los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cavero para inhabilitar en el ejercicio de cargo público por un periodo de 10 años al expresidente Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 no han pasado todavía a la etapa de investigación.
Recién ayer, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) delegó el caso en la legisladora por Somos Perú, Ana Zegarra, quien en el marco de este proceso deberá evaluar las pruebas presentadas y recopilar, en audiencia, los testimonios de los denunciantes, denunciado, testigos y otros.
Zegarra asume esta tarea a más de tres meses de que la Comisión Permanente del Congreso le otorgara a la SAC —que entonces presidía María Acuña Peralta—un plazo no mayor de 15 días hábiles para realizar la investigación y presentar su informe final.
Ella es la tercera legisladora a la que se le encomienda esta tarea. Antes se le delegó el caso a José Jerí, quien renunció al asumir la conducción del Parlamento y fue reemplazado por Martha Moyano. Ella, sin embargo, confirmó a Perú21 que se inhibió debido a su condición de testigo en el juicio que se sigue contra el expresidente y sus exministros.
Cabe mencionar que además de la inhabilitación por 10 años a Pedro Castillo, la denuncia constitucional presentada por Muñante también plantea aplicar la misma sanción a su expremier Betssy Chávez y a los extitulares del Interior, Comercio Exterior y Defensa, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Emilio Bobbio, respectivamente.
