Política

Fiscalía decidirá pronto si continúa caso contra partido de Carlos Álvarez

Humorista y militante de País para Todos acudió ayer al Ministerio Público para participar de diligencia por denuncia que busca declarar ilegal la organización política. Se trató de la visualización de seis videos presentados por el antaurista Javier Sulca.

Carlos Álvarez se presentó ayer en el Ministerio Público para escuchar y visualizar los seis videos en donde su denunciante, el antaurista y condenado por el Andahuaylazo, Javier Sulca, asegura que el militante de País para Todos emitió discursos antidemocráticos.

La cita empezó a las 9:00 a.m. y duró cerca de cuatro horas. Álvarez arribó con una portatil que le dio su apoyo e ingresó al edificio con su abogado y Vladimir Meza, presidente de la organización política

Pimentel responde a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien dispuso el inicio de las diligencias contra este partido y Fuerza Popular a partir de dos denuncias ciudadanas.

Lo que se evalúa es si los partidos violaron el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Se decide pronto
Sulca, seguidor de Antauro Humala, pretende que, así como pasó con su extinto partido A.N.T.A.U.R.O., la Fiscalía inicie un proceso para que la Corte Suprema, en última instancia, declare ilegal a País para Todos y de esa forma sacarlo de carrera de las elecciones del 2026.

Carlos Álvarez dijo a este diario que los videos que visualizó son públicos y se registraron entre 2021 y 2024.

“La denuncia es porque pido la pena de muerte para los violadores de niños, para los asesinos de peruanos inocentes, la denuncia es porque quiero que salgamos de la Corte Internacional de Derechos Humanos, que indemnizó a criminales y terroristas con nuestra plata”, exclamó.

Álvarez alegó que por esa época no existía el partido que hoy integra —logró su inscripción en 2024— y ese debería ser un motivo para que la Fiscalía archive el caso.

“Javier Sulca dice que yo soy candidato presidencial y eso no es cierto, soy un militante más; toda esa denuncia está fuera de lugar”, aseveró.

El artista de 61 años, finalmente, detalló que el fiscal Dante Pimentel le informó al concluir que en los próximos días le notificará su decisión, que se reduce a dos posibilidades: o continúa con el proceso o lo archiva definitivamente.

“Ninguna denuncia me va a callar, ninguna denuncia me pondrá una mordaza en la boca y seguiré en esta lucha que tiene años, esto no es un tema politiquero”, manifestó.

Antes de salir de las oficinas, reveló, se despidió de su denunciante, quien no solo llegó tarde a la convocatoria sino que tampoco emitió palabra alguna. “Me despedí del señor Sulca porque lo cortés no quita lo valiente”, dijo el actor.

Falta Fuerza Popular
Pimentel es el fiscal que, detonado el escándalo por las diligencias contra los partidos políticos, salió en un video institucional aclarando que sus acciones no eran parte de una investigación penal y que solo acataba el cumplimiento de procedimientos.

Con Fuerza Popular el despliegue es diferente. La denuncia de la ciudadana Beatriz Cano señala que la tienda naranja debe ser delcarada ilegal por tres hechos en los que sus representantes están implicados.

El primero es por recibir dinero ilícito para financiar sus campañas políticas; el segundo es por el intercambio de votos, liderado por el excongresista Kenji Fujimori, para lograr el indulto del expresidente Alberto Fujimori; y el tercero por asegurar que hubo fraude electoral en los comicios del 2021, donde ganó Pedro Castillo.

Por esa razón, se requirió un informe al fiscal José Domingo Pérez, que integra el equipo especial Lava Jato, sobre la acusación que presentó contra la agrupación fujimorista.
Tenga en cuenta
El artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas señala que serán excluidos los partidos que vulneren sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales.

También serán apartados los que apoyen políticamente las acciones terroristas o que contribuyan a multiplicar la violencia, el miedo y la intimidación; y que respalden organizaciones que practiquen el terrorismo y/o el narcotráfico.

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