Punto Final expuso que los servidores del Parlamento reciben múltiples bonificaciones durante todo el año que elevan significativamente sus ingresos. El gasto en planillas pasó de S/402,9 millones en 2021 a S/906,2 millones en 2025.
El Congreso de la República mantiene un sistema de remuneraciones que, además del sueldo base, incorpora una serie de bonificaciones y beneficios económicos que incrementan considerablemente los ingresos de sus trabajadores. Así lo reveló un reportaje del programa periodístico Punto Final, que calificó este mecanismo como el «verdadero esquema de remuneraciones» del Parlamento y cuestionó el fuerte incremento del gasto público destinado a planillas.
Según el informe, el desembolso en remuneraciones prácticamente se duplicó en los últimos años. Mientras en 2021 el Congreso destinó S/402,9 millones al pago de planillas, en 2022 el monto ascendió a S/602,1 millones; en 2023 llegó a S/644,5 millones; en 2024 alcanzó S/720,4 millones y, para 2025, se elevó hasta S/906,2 millones.
Como ejemplo del sistema, el dominical presentó el caso de Jenner Montero Chávez, técnico de administración del Congreso, quien fue captado en diversas ocasiones durmiendo dentro de las instalaciones del Parlamento. De acuerdo con el reportaje, pese a estas imágenes, el trabajador continúa percibiendo las mismas remuneraciones y bonificaciones que el resto del personal. Además, se mostraron fotografías en las que aparece junto a la congresista María Acuña.
DERROCHE INCONCEBIBLE
El programa también detalló la estructura del personal que puede contratar cada congresista. Se trata de un asesor 1 con una remuneración base de S/10,924; un asesor 2 con S/8,957; un técnico con S/6,092; además de un asistente, un auxiliar y un coordinador, quienes perciben S/2,988 mensuales cada uno. Sin embargo, estos montos aumentan considerablemente gracias a una serie de beneficios económicos.
Según la investigación, el asesor 1 termina percibiendo alrededor de S/15,824 mensuales; el asesor 2, S/13,857; el técnico, S/10,992; mientras que el asistente, el auxiliar y el coordinador alcanzan ingresos de S/7,888 cada uno. El incremento responde, entre otros conceptos, al prorrateo anual de un bono por gasto de instalación de S/2,800 correspondiente a cada legislatura y a un pago por gastos operativos equivalente a S/100 diarios por alimentación durante 21 días laborables, es decir, S/2,100 mensuales.
Pero las bonificaciones no terminan allí. Punto Final detalló que en febrero todos los trabajadores reciben un sueldo adicional por concepto de escolaridad, independientemente de si tienen hijos. En marzo perciben un bono de vestimenta de S/2,200, sin obligación de sustentar el gasto mediante comprobantes. En mayo reciben media remuneración por CTS; en junio, un bono extraordinario de S/11,500 por ampliación de legislatura; en julio cobran la gratificación de ley; en noviembre otra media remuneración por CTS; y en diciembre reciben tanto la gratificación como un nuevo bono de S/11,500 por cierre de legislatura.
El reportaje añadió que estos beneficios incluso pueden incrementarse sin que los mismos legisladores se den cuenta. Como ejemplo, señaló que en diciembre del año pasado el bono extraordinario llegó a S/30,000, equivalente a cinco UIT.
A ello se suma otro beneficio adicional. Tras completar el año laboral, los trabajadores acceden a un mes de vacaciones remuneradas y, además, reciben el depósito de un sueldo extra para el goce de ese descanso, el cual se paga en enero del año siguiente.
El abogado laboralista Luis Delgado cuestionó este esquema y afirmó que «una empresa privada con todas estas extravagancias ya habría quebrado», en referencia al elevado costo que representan estos beneficios para las finanzas públicas.
GASTOS PODRÍAN AUMENTAR
La investigación también puso bajo la lupa la reciente negociación colectiva suscrita por la actual administración parlamentaria. Según Punto Final, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, autorizó el 20 de diciembre de 2025 la suscripción del convenio colectivo 2026-2027 con el sindicato de trabajadores. No obstante, cuando el programa solicitó una copia del acuerdo, la jefa de Recursos Humanos del Congreso, Sonia Polino, respondió que, tras revisar el sistema de trámite documentario, dicho documento no figuraba en los archivos institucionales.
Otro aspecto cuestionado es que el Congreso se encuentra excluido del régimen de la Ley Servir, que promueve la meritocracia en el sector público. De acuerdo con el reportaje, únicamente los cargos de asesor 1 y asesor 2 exigen estudios de posgrado, mientras que para otros puestos basta acreditar estudios superiores incompletos.
