Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, se encuentra prófugo de la justicia, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra. Esta medida responde a los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en el marco del caso Los Waykis en la Sombra.
El pasado domingo 17 de noviembre, en una audiencia que se extendió por más de siete horas, el juez inició la lectura de los fundamentos del pedido de prisión preventiva para Nicanor Boluarte y otros tres investigados: Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. Durante la sesión, Boluarte confirmó su asistencia virtual desde el interior de un vehículo, lo que generó sospechas de una posible estrategia para evadir la justicia.
La audiencia se suspendió cerca de la medianoche y se reanudó el lunes 18 de noviembre a las 9:00 a.m., momento en el que Boluarte ya no se conectó ni respondió a las llamadas de su defensa legal. Su abogado, Luis Vivanco, aseguró desconocer su paradero.
Según lo sucedido, la Fiscalía había solicitado a la División de Operaciones de la DIGEMIN de la Policía Nacional del Perú (PNP) que realizara labores de observación, vigilancia y seguimiento (OVISE) sobre Nicanor Boluarte. Esto incluía monitorear sus movimientos desde su residencia en San Borja. No obstante, el seguimiento no se concretó, lo que permitió que el investigado escapara.
La fuga de Nicanor Boluarte genera tensión política para el gobierno de Dina Boluarte, ya que este caso vincula a un familiar cercano en un proceso por corrupción. Asimismo, la falta de acción efectiva de la PNP pone en entredicho las capacidades del sistema de justicia y las medidas para prevenir la evasión de investigados de alto perfil.
