El flamante ministro de Justicia aceptó, en una declaración jurada, las investigaciones que mantiene y que deberían descalificarlo para el cargo. Nada de eso le importó a la presidenta y al premier, que han devuelto al gabinete a un ministro censurado por incapaz.
Lo querían de vuelta en el gabinete a las buenas o a las malas. Y parece que ha sido a las malas, porque no ha importado nada con tal de que Juan José Santiváñez, el hasta hace poco censurado en el Congreso por incapaz, se haga cargo ahora de un ministerio clave.
Al Gobierno de Dina Boluarte no le ha interesado la probada incompetencia de su ministro favorito en la cartera del Interior, ni mucho menos que cargue a sus espaldas 12 pesquisas fiscales en trámite, que el propio Santiváñez admitió, con su puño y letra, en la declaración jurada que presentó ante el premier Eduardo Arana y la misma mandataria, tal como obliga la ley, previo a la emisión de la resolución suprema de su cuestionadísimo nombramiento.
En el documento, el nuevo ministro de Justicia detalla que afronta procesos judiciales que lo involucran en tráfico de influencias, lavado de activos, encubrimiento personal y abuso de autoridad, entre otros delitos.
El extenso legajo de Santiváñez se suma al impedimento de salida del país por 18 meses que le dictó el Poder Judicial y a su negativa de colaborar con la justicia en los procesos que afronta.
Para el Gobierno, sin embargo, nada de esto lo descalifica para ser ministro de Justicia.
La docena de pesquisas contra Adrianzén tampoco fue objetada por el presidente del Consejo de Ministros, quien, según el artículo 15 A-5, de la Ley 29158, es el responsable de verificar el contenido de la declaración jurada y de informar al Congreso en un plazo de cinco días hábiles luego de publicarse la resolución de nombramiento, algo que debería cumplir antes de este viernes 29. Arana, pues, pasó por alto, se hizo de la vista gorda con esta lista de procesos de quien hoy ocupa el cargo que alguna vez dirigió.
El procedimiento de los potenciales ministros de declarar detalladamente sus investigaciones fiscales y procesos judiciales es obligatorio desde abril de 2022, cuando se promulgó la modificación de esta ley, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, referida al nombramiento de ministros y viceministros.
Una norma que, en épocas del golpista expresidente Pedro Castillo, buscaba la idoneidad de los titulares de cartera en medio de las reiteradas designaciones de ministros con serios cuestionamientos judiciales.
Consultado por este diario, el área de prensa de la PCM aseguró que tanto el premier Arana como la presidenta Boluarte sabían de los antecedentes de Santiváñez.
PRESENTADO POR ARANA
Pero Arana parece haber dado su visto bueno muy a su pesar. En su primera declaración al asumir el cargo, el hoy todopoderoso del gabinete prometió “limpiar” de ‘caviares’ el ministerio.
Para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, lo dicho por Santiváñez es un mensaje equivocado y contradictorio, ya que dicho sector fue dirigido en los últimos años precisamente por el actual premier.
“El de Justicia es un ministerio manejado por la presidenta y estuvo manejado por el premier, y esos “caviares” de los que Santiváñez habla deben haber sido colocados por Arana. Nada explica el agravio que Santiváñez le acaba de enviar directamente al premier. Lo peor es que el premier simplemente saluda su designación”, dijo Valdés.
El especialista calificó como un error político la designación de Arana y que ello refleja un gobierno que ya perdió la brújula y que “ha agotado por completo el marco que tiene de colaboradores”.
Este lunes a Arana no le quedó otra que presentar a Santiváñez en la sede del Ministerio de Justicia, ante la ausencia del saliente Juan Alcántara.
En la ceremonia, el censurado por el Congreso dijo: “Hoy nos enfrentamos justamente al tiempo para liderar probablemente uno de los cambios más importantes en la justicia que el país va a tener”. Unas palabras que muchos entienden como una próxima reestructuración del sistema de justicia, que incluiría precisamente a la Fiscalía que hoy lo investiga.
En medio de estos cuestionamientos por la designación nada apropiada de un ministro censurado y responsable del aumento de la criminalidad en el país, la legisladora de Renovación Popular Norma Yarrow solicitó al Congreso poner en agenda el debate del proyecto de ley que busca evitar que cualquier ministro de Estado que haya sido censurado retorne al Gabinete. En 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez juró como ministra de Cultura, dos meses después de haber sido censurada por el Congreso como ministra de Trabajo.
