Recomiendan inhabilitación de Martín Vizcarra por 10 años

La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó hoy el informe final en el que recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra Cornejo e inhabilitarlo hasta por diez años, luego de investigar los procesos de contratación en el Ministerio de Cultura desde el 2018 a la fecha.

El presidente de esta comisión Edgar Alarcón leyó el mencionado informe donde se recomienda “acusar constitucionalmente al exmandatario Martín Vizcarra Cornejo, conforme al artículo 89 del reglamento del Congreso de la República y los artículos 99 y 100 de la Constitución política del Perú, por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”.

La segunda recomendación plantea «imponer una sanción ejemplar» y en ese sentido, se solicita al Pleno del Congreso inhabilitar al expresidente de la República, para el ejercicio de toda función pública por diez años.

También se recomienda acusar constitucionalmente al exministro de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo Ocola, quien desempeño el cargo entre abril del 2018 hasta el mes de marzo del 2019. De igual manera, acusar constitucionalmente a la exministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero y al exministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta.

Asimismo, se plantea acusar constitucionalmente a los exministros de Estado en la cartera de Cultura, Transporte, Vivienda, Educación y Defensa que desempeñaron los cargos entre los años 2018 y 2020, periodos dentro de los cuales se efectuaron contrataciones en cada uno de los sectores mencionados, por delitos de omisión, de actos funcionales, al permitir que se ejecuten actos ilegales e ilícitos.

En su sesión virtual, la comisión presidida por el parlamentario Edgar Alarcón, sometió a votación el informe final y fue aprobado por mayoría con 10 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.

En sus conclusiones se menciona que habría existido un uso ilegítimo de la Ley de Contrataciones para favorecer a amigos y/o familiares para que accedan a puestos de trabajo del Estado, evitando someterse a la Ley Servir, que regula el acceso al servicio civil implicando esto un abuso de poder.

Durante su sustentación, Alarcón indicó que se remitirá el presente informe final apobado al Ministerio Público para que inicie las investigaciones del caso. De igual forma se enviará a la Contraloría General de la República.

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