El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, intenta ponerse a la defensiva y ataca al gobierno diciendo que las acciones de represión y lucha contra la delincuencia le corresponde únicamente al gobierno central y soslaya su responsabilidad que cómo alcalde tiene para hacer cumplir la Ley orgánica de municipalidades, art. 85, inciso 1.1, que le permite establecer una organización de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil y la policía nacional , además normar el establecimiento de los servicios de serenazgo y vigilancia ciudadana , rondas urbanas, campesinas o similares…
Es decir que la pelota está en su cancha y junto al gobierno central establecer mecanismos de políticas y acciones que conduzcan a bajar los índices delincuenciales. Ese mismo artículo, en otro inciso, le permite establecer ordenanzas que posibilite alianzas de los serenazgos distritales con el suyo.
Y está medida también es válida para todos los alcaldes provinciales del Perú, y es momento de ponerse a trabajar.
La pnp por si sóla no va a poder salir airosa de su lucha contra el crimen, se requiere hacer alianza con la sociedad civil y la norma dice que la sociedad civil para este tema la lidera en cada provincia del Perú el alcalde.
Pero además es importante que los municipios desarrollen y activen sus oficinas de la DEMUNA y dejen de ser una mesa de partes para procesos judiciales y se conviertan en reales defensores del niño y el adolescente.
¿DÓNDE SE DEFIENDE AL NIÑO Y ADOLESCENTE?
El trabajo de la defensoría debería estar en el barrio, en la escuela. Ese es un territorio abandonado por la mayoría de municipios.
El MINSA y EsSalud para trabajar la tercera edad, el ministerio de la mujer y el MINSA, así cómo educación y el IPD deben estar conjuntamente en la tarea de lograr paz y bienestar a los niños y jóvenes de nuestras calles y barrios, así cómo del campo.
Por lo tanto, tenemos que tener una mirada integral de la lucha contra la delincuencia común, antes que está logre ganarnos la batalla.
Y en esa tarea, la fiscalía, deteriorada por su actuación esquiva a defender al pueblo, creyendo que se puede convertir en el nuevo poder persiguiendo a la clase política y abandonando su acción en sectores sensibles cómo: en la lucha contra el narcotráfico, delincuencia común, violencia doméstica, chantajes, extorsión, etc.
Un poder judicial, que salvo honrosas excepción, no tiene la talla para hacer de la justicia un cambio necesario para lograr que en el Perú la justicia sea efectiva y permitir que nuestro desarrollo no sea un logro de unos cuantos sino que sea una percepción real de los 35 millones de peruanos.
El delincuente infraganti, debería tener sentencia inmediata, para que esperar más, así mismo el ejecutivo debe construir más centros penitenciario en lugares donde el asesino, el asaltante avezado sienta que la prisión no es un descanso para seguir operando y desarrollando sus políticas de extorsión a vista y paciencia de todos.
Por lo tanto, no basta que la tarea de seguridad ciudadana sea un compromiso de la PNP, sino de ellos y la sociedad civil liderada por sus alcaldes.
El fenómeno delictivo armado lo combate la PNP , pero la «fábrica» de delincuentes lo hace la sociedad civil. Así que hay qué trabajar en ambos frentes.
ALMA.
