«Hoy padecemos un delito que se ha convertido en la cara más infame de nuestra inseguridad en las calles, la extorsión».
Los peruanos —a diferencia de otros países de la región—, antes que empleados públicos o burócratas, buscamos ser emprendedores y generar nuestros propios ingresos. Tenemos un ímpetu emprendedor e innovador excepcional. Desde el humilde ambulante hasta el gran empresario (salvo los viles mercantilistas), los peruanos somos emprendedores, trabajadores, creativos y “recurseros”, siempre adaptándonos al cambio, diferenciándonos y compitiendo.
De esta manera, y a pesar de que el Estado ha sido más parte del problema que de la solución, gracias a la creatividad, sagacidad y trabajo, millones de peruanos hemos encontrado el soporte económico para nuestras familias.
Sin embargo, hoy padecemos un delito que se ha convertido en la cara más infame de nuestra inseguridad en las calles, la extorsión. Más allá del flagelo criminal, es un atentado no solo a los recursos económicos que un emprendedor genera por su propio esfuerzo, sino contra la fibra más íntima de la naturaleza de los peruanos.
Transportistas, pequeños empresarios, bodegueros, vendedores ambulantes y todo aquel que se gane la vida trabajando esforzadamente son víctimas de los extorsionadores.
Únicamente bajo el liderazgo del presidente de la república podremos resolver este flagelo con celeridad. Se debe constituir un Grupo Especial de trabajo, con miembros de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, representantes de las empresas de telefonía y representantes de los bancos.
La Policía debe conformar un grupo especial con agentes seleccionados con base en una demostrada experiencia en inteligencia, operaciones encubiertas y manejo de informantes. Para que este equipo pueda mostrar resultados rápidamente, se deben potenciar los equipos de escuchas legales para multiplicar su capacidad operativa y hacer seguimiento a las llamadas extorsivas, destrabar los presupuestos para el manejo de informantes y los costos operativos de los agentes encubiertos.
El Ministerio Público deberá nombrar fiscales ad hoc que trabajen con el equipo especial policial para acelerar las solicitudes de allanamientos, escuchas y levantamiento del secreto bancario. En ese mismo sentido, el Poder Judicial deberá disponer de jueces que trabajen directamente con la Policía y la Fiscalía para lograr autorizaciones rápidas. Aquí la integridad, profesionalismo y ética de este “trípode” (policía, fiscal y juez) es vital para el éxito de las operaciones.
En el campo punitivo, la construcción de una cárcel de máxima seguridad, donde los extorsionadores estén incomunicados del mundo exterior, es vital. Asimismo, los bloqueadores de celular TIENEN que funcionar —cosa que no ocurre hoy—. Por eso, es necesario construir el penal en zonas remotas sin señal. He planteado, en un artículo anterior, hacerlo en la cordillera de La Viuda.
Finalmente, se debería evaluar la posibilidad de concesionar su administración a una empresa de seguridad internacional.
