«Demartini, si bien declaró que asumía la responsabilidad política de lo sucedido, no tiene planeado renunciar. Es decir, se siente muy seguro en el cargo, ya que cuenta con el apoyo de los socios políticos del Gobierno en el Legislativo».
El allanamiento a la vivienda del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, por el caso Qali Warma, es una señal de que las denuncias sobre conservas malogradas tienen sustento. Los responsables deberán pagar, pues han jugado a lucrar con la salud y la vida de niños de familias de bajos recursos.
Se intervinieron ayer 17 inmuebles vinculados a 14 investigados por este tema. Las imputaciones son por una serie de delitos que van desde organización criminal hasta tráfico de influencias, pasando por el de colusión agravada.
Hinojosa, sin embargo, ha dicho que no existe prueba alguna que lo incrimine con los alimentos en mal estado que la empresa Frigoinca distribuyó en instituciones educativas como proveedor de Qali Warma, hoy Wasi Mikuna.
Lo llamativo del caso es que el nombre del vocero presidencial se suma así al de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria, el expremier Alberto Otárola y el abogado Mateo Castañeda: todos en su momento integrantes del entorno palaciego que hoy se encuentran prófugos, investigados y hasta presos. Para no hablar de exsocios políticos y “waykis” varios que también andan bajo la lupa de la justicia.
Pero Hinojosa no es el único funcionario de alto rango que debe responder por esta escandalosa negligencia o negociado
El ministro Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), quien manejó asimismo ese programa y las compras de alimentos, según dio cuenta ayer la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también debe dar explicaciones al país. De hecho, la Fiscalía lo está investigando por omisión de funciones, “dada su condición de máxima autoridad del ministerio”, como la propia fiscal de la Nación lo ha reiterado. “El señor Demartini es parte de un personal que siempre ha estado vinculado a las adquisiciones de Qali Warma, no solo ahora como ministro”.
A la luz de estas indagaciones, resulta lamentable y hasta sospechoso que el Congreso no se haya movilizado para intentar nuevamente una censura, ya que Demartini, si bien declaró que asumía la responsabilidad política de lo sucedido, no tiene planeado renunciar. Es decir, se siente muy seguro en el cargo, ya que cuenta con el apoyo de los socios políticos del Gobierno en el Legislativo.
El caso tiene para rato, pero uno de los principales responsables de este deplorable incidente –que no es el primero en estos últimos años– continúa ejerciendo cómodamente en su despacho. El mundo al revés.
