Es magíster en Educación con mención en Docencia e Investigación en Educación Superior de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Además, es director de Investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y profesor principal del departamento de educación de la UPCH. Es también miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP), miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) e investigador del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica del Perú (CONCYTEC). Asimismo, Cuenca forma parte del Grupo de Investigación Cambio Educativo para la Justicia Social (GICE) de la Universidad Autónoma de Madrid y del Grupo de Trabajo sobre Políticas Educativas y Derecho a la Educación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO Dialogue y Fundación Varkey). Ha sido consejero del Consejo Nacional de Educación del Perú (CNE). Sus principales líneas de investigación van por los temas de reformas y políticas educativas comparadas: educación y política, educación superior e inclusión social y cuestiones docentes. Ha tenido una postura clara desde el inicio de la emergencia sanitaria sobre los problemas que se han visibilizado en el país: «La pandemia, que empezó como una crisis sanitaria y ahora es una crisis del sistema, ha puesto un reflector sobre el país que algunos no querían ver y que ha dejado de ser un ejercicio académico: las desigualdades existen y el Estado tiene que hacerse cargo de que no existan más”, indicó en una entrevista. Por otro lado, sobre el bachillerato automático para estudiantes universitarios en el período 2020-2021, Ricardo Cuenca calificó esta iniciativa como un retroceso: “La motivación es muy populista y creo que busca enganchar a una alguna parte de población universitaria. Creo que los estudiantes no establecerán un vínculo con este beneficio porque se tiene muy en claro la necesidad de mejorar el nivel universitario. Uno de los elementos más importantes que tuvo la Ley Universitaria fue volver a apostar y recuperar el espacio de investigación académica que fue dejado de lado por las universidades para concentrarse en la formación profesional”, expresó. En los últimos años ha asesorado a los ministerios de Educación de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá. Ha sido consultor del BID, CAF, OECD, OEI, OREALC-UNESCO, USAID, entre otros.

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado enfocado en el diseño, implementación y gestión de proyectos relacionados a Educación, Trabajo, Empleo y Capacitación. Se venía desempeñando como director ejecutivo de Fondoempleo.

 

Fue ministro de la misma cartera

previo a la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Se manifestó en contra y afirmó que dicho proceso distrae las acciones emprendidas por el Poder Ejecutivo en la lucha contra la pandemia del coronavirus y la generación de empleo: “Se ponen en riesgo las inversiones y esperaría que el impacto sea menor en el caso de la norma que plantea generar más empleo. Los inversionistas miran con preocupación la situación de inestabilidad que se viene produciendo, perjudicando los negocios que se podrían realizar por parte de empresas internacionales”, sostuvo.

 

También se pronunció sobre la reforma del sistema de pensiones: “Creemos que va en contra de los intereses de los aportantes porque lo que cualquier sistema de pensiones debe garantizar es sostenibilidad y su mirada de futuro”.

 

Ha sido director general de Direcciones Generales de Calidad de la Gestión Escolar y de Desarrollo de las Instituciones Educativas del Ministerio de Educación, del 2014 al 2017, y ha sido miembro del Consejo de Vigilancia de la Derrama Magisterial durante el mismo período.

 

Asimismo, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para diseñar el plan de implementación de las nuevas iniciativas pedagógicas del Ministerio de Educación en el 2013, así como en el Ministerio de Economía y Finanzas para el asesoramiento del Programa Juntos del 2013 al 2014.

 

También ejerció el cargo como director nacional del programa A Trabajar Urbano del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y ha sido responsable del Componente Laboral del Proyecto USAID, logrando comercios en actividades relacionadas al fortalecimiento de capacidades del Estado.

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