Dejan sin efecto investigación y acusación fiscal contra la excandidata presidencial por el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016. Investigación duró casi 10 años y según el ente constitucional carece de sustento jurídico.
Casi diez años después de que la Fiscalía iniciara una investigación preliminar contra Keiko Fujimori, el Tribunal Constitucional (TC) ha puesto punto final al denominado caso Cocteles y dejado sin efecto la investigación y acusación fiscal contra la excandidata presidencial por el financiamiento de sus campañas electorales del 2011 y 2016 con Fuerza Popular.
La sentencia dispone el archivo inmediato del expediente penal que involucraba a la excandidata presidencial y otros 14 implicados por el delito de lavado de activos. El TC señala que la investigación carece de sustento jurídico y opuesto a lo establecido en la Constitución.
En su resolución por mayoría, que tuvo los votos singulares de los magistrados Pacheco y Monteagudo, el organismo advierte que el delito de lavado de activos en su modalidad de “receptación patrimonial” fue incorporado recién en noviembre de 2016, por lo que no puede aplicarse retroactivamente a hechos ocurridos en las dos campañas electorales referidas.
“Imputar a Fujimori bajo esa figura jurídica, inexistente en ese momento, vulnera el principio constitucional de legalidad penal, que exige que todo delito esté previamente tipificado por ley”, señala el documento, especificando que no se ha identificado con precisión el delito fuente que justificaría la ilicitud de los fondos. El TC explicó que no se ha probado que los fondos retornaran a su fuente original, lo que debilita la tesis de lavado.
Respecto a la imputación por organización criminal, consideró que se ha desnaturalizado el tipo penal. La acusación sostiene que Fuerza Popular funcionaba como una organización dedicada a cometer delitos, pero el máximo intérprete de la Constitución aclara que participar colectivamente en un proceso electoral no constituye, por sí solo, una conducta delictiva. Además, no se ha probado intención criminal (dolo), lo que invalida la tesis del Ministerio Público.
La resolución enfatiza el excesivo tiempo del proceso, que se extendió por más de siete años sin una acusación firme ni un juicio iniciado, lo que, a juicio del TC, constituye una violación al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
El fallo que declara fundado el recurso de agravio constitucional interpuesto por Giulliana Loza, abogada de Fujimori, subraya que las continuas ampliaciones de la investigación, los cambios de criterio y las demoras injustificadas configuraron una forma de sanción anticipada incompatible con el Estado de derecho.
El tribunal advierte que este tipo de acusaciones puede derivar en una “criminalización excesiva de la política” y abrir la puerta al uso arbitrario del derecho penal con fines partidistas, fenómeno conocido como lawfare.
La sentencia deja sin efecto todos los actos procesales desde el inicio de las investigaciones preliminares contra Fujimori, incluyendo la nueva acusación formulada el 2 de julio último por el Equipo Especial Lava Jato, luego de que en enero el Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional anulara el juicio oral solicitado por la defensa de la lideresa de Fuerza Popular y de otros implicados, volviendo el caso a etapa intermedia.
Los abogados habían solicitado que se les aplique la resolución del TC a favor de José Chlimper, exsecretario de Fuerza Popular y uno de los acusados en el proceso, cuyo fallo advirtió que se vulneró su derecho a la defensa al ser juzgado por delitos por los que no había sido investigado.
Por el caso Cocteles, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, solicitó una condena de 30 años y 10 meses contra Fujimori por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Según la hipótesis fiscal, las cenas y cocteles por los que Fuerza Popular decía haber cobrado hasta US$500 habrían sido una fachada para permitir el ingreso a la agrupación de aportes irregulares de la firma Odebrecht y otras empresas constructoras brasileñas.
El TC aclara que la sentencia no está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, en este caso Keiko Fujimori.
El organismo ordenó al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que revise la situación jurídica de Fujimori “dentro del más breve término”, conforme a los criterios establecidos por ese organismo.
FUERZA POPULAR EVALÚA DENUNCIAR A FISCALES
Tras conocerse este fallo, Fuerza Popular no tardó en reivindicar a su lideresa. “El Tribunal Constitucional ha puesto fin a años de abuso”, señaló el partido de Fujimori en un comunicado en el que precisa que la decisión del TC confirma que la excandidata “fue sometida a un proceso construido sobre hechos que nunca constituyeron delito”.
“Hoy queda claro que, por más discrepancias que existan, en democracia nunca más se debe intentar destruir a una persona, a una familia o a un partido por razones políticas o ideológicas”, se pronunció así el partido naranja.
Horas después, la propia Fujimori saludó la sentencia y anunció que su partido, pero no ella, evaluará denunciar a los fiscales que participaron de la acusación en este caso.
“Sobre si es que yo voy a denunciar al fiscal, yo no. He tomado esta decisión personalmente. El partido lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo”, señaló.
“SE CAÍA DE MADURO”
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, el fallo del TC patentiza la absoluta ineficiencia y politización del Ministerio Público.
“El llamado caso Cocteles se caía de maduro. Eso patentiza por un lado la absoluta ineficiencia de un Ministerio Público politizado que adelantó denuncias penales y toda la maquinaria y parafernalia de la represión penal respecto de hechos que claramente no eran delito para tener una participación en la vida política del país de manera anómala. Ahora, finalmente el TC, como ha ocurrido en el caso Oré o en el caso Chlimper, ha puesto las cosas en su sitio como garante de los derechos fundamentales y ha dicho lo que tenía que decir, que esos hechos no eran delito y que no se pueden falsificar hechos hacia otras figuras delictivas como cajones de desastre tipo lavado de activos o tipo enriquecimiento indebido”, explicó a Perú21.
Marianella Ledesma, expresidenta del TC, tiene una lectura diferente sobre el fallo. “El TC no tiene todos los elementos para calificar si un hecho es delito o no. Sobre una abstracción ha construido una idea. El caso es más complejo. El tribunal no tenía todas las evidencias, como sí las tiene el Poder Judicial”, cuestionó.
