Diana Gonzales propone aplicar la «silla vacía» a parlamentarios condenados por minería ilegal
La medida apunta a frenar la infiltración de economías criminales en el próximo Congreso bicameral de 2026.
La congresista Diana Gonzales de Avanza País presentó el Proyecto de Ley N° 13835/2025-CR. La propuesta plantea modificar el Reglamento del Congreso para incluir a la minería ilegal dentro de los delitos que activan la figura de la «silla vacía», lo que significaría que cualquier legislador condenado por esta actividad perdería su curul sin que un accesitario pueda reemplazarlo.
Actualmente, este castigo político se aplica exclusivamente para sentencias firmes por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, trata de personas y lavado de activos. Con esta reforma, se busca que los partidos asuman una responsabilidad directa y compartida sobre la idoneidad de sus candidatos, obligándolos a realizar una fiscalización más rigurosa de las hojas de vida para evitar que redes criminales utilicen el poder legislativo como escudo para sus actividades extractivas ilícitas.
La fundamentación del proyecto destaca la expansión de la minería ilegal en el territorio nacional. Según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), entre 2021 y 2024 esta actividad ha deforestado más de 30,000 hectáreas en la Amazonía. Además, se estima que para el cierre de 2025 las exportaciones de oro ilegal alcancen un valor de hasta US$ 12,000 millones, superando en rentabilidad a otras economías delictivas y operando bajo el control de mafias organizadas.
La percepción ciudadana respalda la urgencia de estas medidas. Un estudio de IPSOS de finales de 2024 reveló que el 70% de los peruanos cree que la minería ilegal ya influye en las decisiones políticas del país, mientras que un 63% teme que estas organizaciones capturen el poder estatal en los próximos años. En ese sentido, la propuesta de Gonzales Delgado pretende enviar un mensaje de «tolerancia cero» frente a una actividad que no solo destruye el medio ambiente, sino que socava la seguridad ciudadana y la gobernabilidad.
De aprobarse, esta norma entraría en vigencia para el nuevo Parlamento que se instalará en julio de 2026, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La iniciativa legislativa ahora deberá ser debatida en la Comisión de Constitución y Reglamento, donde se evaluará su viabilidad técnica antes de pasar al Pleno para su votación definitiva.
