Corte de Nueva York autoriza al Perú a investigar fondos vinculados a Rutas de Lima

La autorización incluye la posibilidad de emitir citaciones formales para obtener datos bancarios y compensaciones almacenadas en instituciones de gran peso en el sistema financiero estadounidense.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha emitido una resolución que permite al Estado peruano acceder a registros financieros esenciales relacionados con la concesión vial Rutas de Lima. Según la MML, esta medida constituye un “nivel de rastreo financiero sin precedentes” para esclarecer posibles irregularidades.

La autorización incluye la posibilidad de emitir citaciones formales para obtener datos bancarios y compensaciones almacenadas en instituciones de gran peso en el sistema financiero estadounidense, como Brookfield Asset Management, Scotiabank, la red de pagos CHIPS, KPMG y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Este acceso podría permitir reconstruir con precisión los flujos de dinero entre 2013 y 2016, período clave cuando Odebrecht operaba sus “Operaciones Estructuradas” y Brookfield adquirió la mayoría en Rutas de Lima.

El exalcalde Rafael López Aliaga, quien ha sido uno de los impulsores de esta investigación, aseguró a Expreso que podría conducir a la nulidad de la compra de las acciones por parte de Brookfield, ya que, según él, la inversión se habría realizado con una persona previamente condenada por corrupción. Además, demandó que la empresa explique cómo, en un plazo de tres meses, compró dichas participaciones a quien ya estaba sentenciado.

La corte estadounidense habría considerado “urgencia especial” para otorgar esta autorización, motivada por el juicio en Perú contra Susana Villarán, exalcaldesa involucrada en las concesiones de peajes. Para la Municipalidad limeña, esta decisión abre la puerta para determinar de modo independiente si hubo pagos irregulares, movimientos opacos o corrupción en la concesión.

Según la MML, antes de este fallo ningún organismo peruano había podido acceder a registros tan sensibles en entidades financieras estadounidenses. Por ello, califican este logro como un “golpe histórico contra la corrupción” y un avance significativo para la transparencia en la gestión pública.

Este desarrollo se enmarca en un contexto más amplio de conflictos legales: Brookfield ha iniciado un arbitraje internacional contra el Estado peruano, exigiendo una indemnización de US$ 2.700 millones por lo que considera una expropiación de tramos concesionados. Al mismo tiempo, la justicia peruana ha ordenado la suspensión del cobro de peajes en algunos tramos de Rutas de Lima.