Reparten el IGV para favorecer a los alcaldes y no a los ciudadanos, pero el MEF dice que no pasará nada.
La norma aprobada por el Congreso que reduce la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) en dos puntos porcentuales para destinarlo al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) por amplia mayoría y sin ningún informe técnico previo, ha generado diversos cuestionamientos por parte de los economistas —excepto por el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes—, debido a su impacto en la sostenibilidad fiscal y para los ciudadanos.
Actualmente, pagamos 18% de IGV sobre el precio de los bienes y servicios. De este total, dos puntos van al Foncomun y el resto, 16 puntos, al Tesoro Público. Con la flamante “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales”, aprobada la semana pasada, la participación del Foncomun se duplicará a 4%, reduciendo a 14% la tasa para el gobierno central.
La modificación empezaría a regir el 1 de enero de 2026, con un incremento de 0.5 puntos porcentuales por año hasta alcanzar el 4% en 2029. Dentro del dictamen que aprobó la Comisión de Economía solo recibió opinión de la Asociación de Municipalidades del Perú, que se mostró a favor, y de la Presidencia del Consejo de Ministros que sí “formuló observaciones a la iniciativa”, aunque no se detallan en el texto de la norma.
El ministro Pérez Reyes respaldó la iniciativa, asegurando que no tendrá ningún impacto fiscal.
“El 18% se va a seguir cobrando. Eso no va a cambiar, es simplemente cómo se reasigna el monto. (…) En términos de la asignación presupuestal no va a tener ningún impacto”, aseveró Pérez Reyes durante el foro Peru CEOS & Leaders SUMMIT 2025, organizado por el Dorado Investments. “Solo se va a usar para la inversión pública y no para gasto corriente”, agregó.
Lo que sí informó Pérez Reyes es que modificarán la regla fiscal, de manera que el déficit proyectado ya no esté en 2.2% del PBI, sino en 2.8%. La última vez que hicieron cambios fue en julio de 2024.
Implicancias
El extitular del MEF Waldo Mendoza cuestionó la norma, debido a que generaría pérdidas para el gobierno central de alrededor de S/10,000 millones por año. Para Mendoza, “no es desatinado” pensar que este proyecto apunta a ganar popularidad con los alcaldes e indicó que generaría inestabilidad fiscal.
“El desempeño económico del Perú depende de la política macroeconómica. La monetaria está perfecta a cargo del Banco Central de Reserva (BCR), pero la fiscal tiene problemas por culpa del Ejecutivo y del Congreso”, sostuvo. “El Congreso ha aprobado la ley fiscal más daniña de este siglo”, comentó.
Tanto los economistas Elmer Cuba como Alberto Arias coinciden que la menor recaudación de IGV para el gobierno central le abre a este último dos caminos: o reducir el gasto en S/10,000 millones con las implicancias sobre la inversión pública y por ende en el crecimiento económico; o, aumentar el gasto a través de deuda, afectando las finanzas públicas.
En ambos casos, los consumidores nos veremos afectados, sostuvo Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía.
En conversación con Perú21TV, el economista sostuvo que no será factible reducir el gasto por lo que, de promulgarse la norma, los próximos gobiernos tendrán que verse obligados a subir el impuesto. Y si el gobierno central optara por endeudarse, nos veríamos perjudicados porque el país no podrá cumplir las reglas fiscales, lo que conlleva a perder credibilidad y perder el grado de calificación. Esto nos afecta con un mayor costo del crédito.
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