Comisión de Ética investigará a congresista Lucinda Vásquez por caso corta uñas
La parlamentaria será sometida a un proceso disciplinario por presunto abuso de poder tras difundirse imágenes de un asesor cortándole las uñas en su despacho congresal.
La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría iniciar una investigación contra la congresista Lucinda Vásquez Vela (no agrupada) por el llamado caso cortaúñas. En los videos revelados por el programa Cuarto Poder, se ve a uno de sus asesores cortándole las uñas de los pies mientras ella está sentada en su oficina parlamentaria, en pleno horario laboral.
La denuncia fue asumida por el grupo de trabajo presidido por el parlamentario Elvis Vergara, quien calificó los hechos como un posible abuso de poder y vulneración de la dignidad laboral, al utilizar personal del Congreso para funciones ajenas a sus labores. La medida fue apoyada por siete congresistas, mientras que uno votó en contra y hubo una abstención.
Según el reportaje emitido, el asesor que aparece cortándole las uñas a la congresista responde al nombre de Arnold Palomino, trabajador de confianza de Vásquez. En otro video, se aprecia a Carlos Vásquez, también asesor de su despacho, preparándole un desayuno. Ambas acciones fueron registradas dentro de la oficina congresal.
Vásquez ha rechazado las acusaciones y asegura que todo se trataría de una “venganza” por parte de extrabajadores despedidos. Además, sostiene que se debe respetar su derecho al debido proceso y argumentó que los hechos habrían ocurrido tiempo atrás.
Este caso no es el único problema que enfrenta la congresista. El Ministerio Público también la investiga por presunto tráfico de influencias agravado, hecho que podría derivar en hasta ocho años de prisión. Según la tesis fiscal, Vásquez habría aprovechado su cargo para ofrecer beneficios en un proceso de nombramiento docente al utilizar a contactos internos.
Podría perder su inmunidad
Un aspecto revelador del expediente es que la congresista reportó el presunto robo de su celular en Gamarra poco después de que se iniciara la investigación. Sin embargo, Vásquez no denunció el hecho ante la Policía ni gestionó el bloqueo del dispositivo. Para penalistas consultados, estas omisiones debilitan su versión y podrían evidenciar un intento de ocultar información relevante contenida en sus comunicaciones.
Por otro lado, con la aprobación de la denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el destino de la legisladora ahora está en manos del pleno del Congreso. Si el Parlamento avala el antejuicio, Vásquez perdería su inmunidad y sería sometida a un proceso penal como cualquier ciudadano. En ese escenario, incluso podría dictarse prisión preventiva, si el Poder Judicial encontrara razones suficientes.
