Las corporaciones de transporte público han decidido dar un plazo al Congreso y al Ejecutivo, para derogar leyes que favorecen a la criminalidad organizada. En caso las autoridades no toman medidas efectivas, planean realizar una paralización masiva. Los trasportistas están determinados a suspender sus operaciones si el Gobierno Peruano y el Congreso, no implementan soluciones contra las bandas de extorsionadores que los mantienen bajo amenaza.
Mientras tanto, las bandas continúan operando. Recientemente, en San Juan de Lurigancho, desconocidos dejaron un cartel con amenazas a los conductores de una empresa de transporte. Pese a que muchos empresarios no acataron el paro de transportistas, un grupo de microbuseros que cubren la ruta Lima-Callao decidió dejar de operar, afectando a usuarios.
El presidente de la Unión de Gremios de Trasporte Multimodal del Perú (UGTRANM), Geovani Diez Villegas indicó que esperarán los resultados del Pleno del Congreso para decidir sobre un nuevo paro, que incluiría a gremios de mototaxis, transporte urbano, y carga pesada. Diez Villegas lamentó los cinco asesinatos recientes de conductores y cobradores en Lima.
Además, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), afirmó que el Gobierno, no ha dado respuestas positivas, y señaló que las extorsiones han aumentado desde el estado de emergencia, afectando gravemente a los choferes.
En el caso de San Juan de Lurigancho, los extorsionadores han exigido un pago de S/50.000 iniciales y S/20.000 mensuales a la empresa Lima Sur S.A. para no atentar contra sus conductores, esta situación ha obligado a algunos choferes a dejar de trabajar debido a las amenazas y la falta de seguridad.
