«En un país que no cuenta con espacios públicos adecuados, muchas familias y jóvenes acuden a los centros comerciales para distraerse».
Mientras trotaba en su rutina nocturna, el comandante Moisés Hurtado recibió una llamada urgente: el techo del patio de comidas del Real Plaza Trujillo había colapsado dejando seis muertos y ochenta heridos. Hurtado, quien asumió en enero de 2024 como gerente de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se dirigió al lugar. Al revisar la documentación, recordó que, un mes antes, su antecesor ordenó clausurar el centro comercial debido a deficiencias en el sistema eléctrico. Sin embargo, lo que encontró fue aún más grave: las normativas vigentes habían contribuido a esta tragedia.
Según el Manual de inspección técnica de seguridad en edificaciones, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), las inspecciones se limitan a una “verificación ocular” de las condiciones de seguridad (pág. 29). Esto significa que los inspectores evalúan visualmente las estructuras sin realizar análisis técnicos profundos, dejando en manos de su mirada y, cuando no, de su miopía la seguridad y las vidas de miles de personas. Se suma algo increíble: los propietarios no están obligados a presentar estudios estructurales.
El Manual de inspección que ordena “evaluaciones oculares” por parte de inspectores fue aprobado mediante el Decreto Supremo 002-2018 PCM, suscrito por Pedro Pablo Kuczynski, su premier Mercedes Araoz y los ministros de Vivienda, Carlos Bruce, y Defensa, Jorge Nieto. Supuestamente, buscaban estandarizar y “mejorar las inspecciones”, pero en la práctica la mirada de un inspector no es equivalente al informe de un técnico especializado.
Como si fuera poco, en 2023, el actual Congreso de la República aprobó la Ley N.o 31914, que establece criterios para la clausura de establecimientos comerciales. Por ejemplo, si se detecta una deficiencia en el sistema eléctrico, se otorga un plazo de veinte días para subsanar la observación sin proceder al cierre inmediato del local. Esta flexibilidad que atenta contra la seguridad, en los hechos, limita la acción de los inspectores y puede resultar fatal si durante ese periodo ocurre un accidente.
El comandante Moisés Hurtado, al igual que muchos inspectores, trabaja con limitaciones impuestas por normativas que, increíble y absurdo, restringen las inspecciones a simples evaluaciones oculares. Hasta que no se revisen y modifiquen estas absurdas normas y reglamentos no se podrán exigir estudios estructurales de laboratorio, y las municipalidades seguirán sin tener ingenieros y arquitectos que realicen análisis técnicos detallados, más allá de una simple verificación ocular.
La tragedia del Real Plaza Trujillo duele en el alma. En un país que no cuenta con espacios públicos adecuados, muchas familias y jóvenes acuden a los centros comerciales para distraerse. Sin embargo, podemos ver que las normas legales son un peligro para la vida de las familias y, cuando ocurre una tragedia, algunas autoridades y empresarios se vuelven legalistas, pegados a la letra, y son los ciudadanos quienes pagamos las consecuencias de un sistema que genera muertos y heridos.
