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Amplían de 48 horas a 15 días el plazo de detención para casos de sicariato y extorsión

Comisión de Constitución aprobó, por mayoría, el dictamen que plantea reformar la Constitución a fin de fortalecer la lucha contra la criminalidad. Los congresistas Wilson Soto de AP y la experulibrista Margot Palacios votaron en contra.

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó esta mañana, por mayoría, el dictamen que reforma la Constitución a efectos de ampliar de 48 horas a 15 días el plazo de detención en caso de flagrancia delictiva para los casos de sicariato y extorsión.

Además, la norma incorpora la reserva bursátil en los supuestos pasibles de levantamiento a pedido del juez, fiscal de la nación, una comisión investigadora del Congreso, el contralor general o la Superintendencia de Banca y Seguros. Actualmente la Constitución solo contempla los supuestos de secreto bancaria y reserva tributaria.

Veinte legisladores de distintas bancadas respaldaron la propuesta; no hubo votos en contra pero sí dos parlamentarios que se abstuvieron: Wilson Soto de Acción Popular y la experulibrista Margot Palacios.

De acuerdo a la propuesta, que modifica el artículo 2 de la Carta Magna, el plazo constitucional máximo de 48 horas que se establece actualmente para la detención de una persona no se aplicará en los casos de extorsión y sicariato. Actualmente, esta excepción solo rige para los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y otros delitos cometidos por organizaciones criminales.

En esa línea, el dictamen —que debe todavía ser debatido y aprobado por el Pleno del Congreso— permite que la detención por ambos delitos (extorsión y sicariato) se realice «por un término no mayor de quince días naturales» y dando cuenta «al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término».

La congresista Gladys Echaíz respaldó la propuesta indicando que en la actual coyuntura de inseguridad ciudadana se da cuenta de un incremento en la comisión de ambos delitos. En contraste, sin embargo, dijo, hay información sobre la liberación de muchos delincuentes por la falta de elementos probatorios suficientes.

«Según un reporte del Ministerio Público tendríamos 17,189 denuncias a agosto en cuanto a extorsiones, y 2,456 en sicariato, pero, ¿cuál es el número de sentenciados por extorsión? Son 62 y por sicariato 92 entre 2024 y 2025; casi nada en relación a la magnitud de crecimiento de este tipo de delitos», observó.

En esa línea, la también exfiscal de la nación reseñó la complejidad de este tipo de investigaciones que incluyen, entre otras cosas, la verificación de los registros de llamadas, la titularidad de las líneas telefónicas vinculadas a cuentas bancarias incriminadas, etcétera, por lo que recalcó que se justifica la ampliación de los plazos de detención en flagrancia delictiva.

Alejandro Muñante, por su parte, destacó que el dictamen servirá como una «herramienta para enfrentar la criminalidad». «Es conocida la situación precaria de nuestro sistema de justifica y que por la falta de elementos de convicción hay fiscales y jueces que liberan a los delincuentes aún detenidos en flagrancia porque la pericia no salió a tiempo u otros factores. Esta norma es una innovación bastante propicia en tiempos de alta criminalidad», subrayó.

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