Defensoría pide atender con mayor diligencia casos de violencia contra niños

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca advirtió que la Policía Nacional del Perú, el Juzgado de Familia de Cajamarca y el Centro de Emergencia Mujer de Cajamarca no identificaron el riesgo y la grave situación de desprotección familiar en que se habría encontrado un niño de año y cuatro meses de edad, a quien sus propios progenitores le habrían quitado la vida el pasado 7 de noviembre.

La institución constató que ambos progenitores del niño estaban involucrados en seis denuncias policiales previas relacionadas a hechos de violencia, en algunas de las cuales la denunciante fue la madre del niño, mientras que en otras ambos fueron intervenidos por agresiones mutuas, o fueron los vecinos quienes solicitaron la intervención policial ante los actos de violencia que observaron.

Tres de las seis denuncias se registraron en el año 2020. En una de ellas, asentada el 6 de junio, efectivos policiales de la Comisaría PNP San José “B” tomaron la manifestación de una persona que fue testigo de los actos de violencia en agravio del niño y de su madre. En su manifestación, la testigo señaló que el agresor habría intentado asfixiar a su hijo en varias ocasiones en las que los vecinos tuvieron que intervenir para evitar el hecho.

Sobre esta denuncia, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca verificó que el personal policial de la Comisaría PNP San José “B” solo comunicó el hecho a la Fiscalía Penal de turno y remitió los actuados al Juzgado de Familia para la emisión de medidas de protección. Sin embargo, no comunicó la denuncia al CEM, ni a la Fiscalía de Familia y tampoco a la Unidad de Protección Especial (UPE), pese a que se evidenciaba que el hijo de ambos involucrados se encontraba en presunta desprotección familiar.

Por su parte, el Segundo Juzgado de Familia, luego de recibir la denuncia antes indicada, emitió, el 11 de junio del presente año, medidas de protección a favor de la madre del niño. No obstante, no tomó en cuenta que en la denuncia también se hacía referencia a que el niño habría sido víctima de intentos de asfixia por parte de su padre y que sobre estos hechos no existía denuncia alguna de la madre, por lo que no se dictaron medidas de protección, oportunas y adecuadas para el niño. Además, el referido Juzgado tampoco remitió los actuados a la UPE.

Por otra parte, se verificó que las medidas de protección emitidas fueron notificadas el 17 de junio del 2020 a la casilla electrónica de la coordinación del CEM en la Comisaría de Cajamarca; sin embargo, la entidad no registra atención alguna respecto a esta comunicación, pues la única atención que habría realizado está vinculada a una denuncia del 10 de noviembre del 2018, en donde la madre del niño manifestó haber sido víctima de violencia por haberse negado a abortar. Frente a dicha denuncia, el CEM realizó la visita domiciliaria un año después, pero no logró ubicar a la víctima.

Para la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca todas las deficiencias advertidas en la atención del presente caso evidencian la invisibilización de niñas, niños y adolescentes como víctimas directas o indirectas de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, quienes, a su vez, se puedan encontrar en una situación de riesgo o desprotección familiar.

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