Increíble: La presunta red de prostitución en el Congreso

«El ataque con 60 balazos a una extrabajadora del Parlamento ya no es solamente el reflejo de la inseguridad ciudadana, es la punta del iceberg de la podredumbre escandalosa de algunas sabandijas que, bajo el manto de la impunidad, montaron y promovieron una presunta red de prostitución dentro del Congreso».

El Congreso de la República ya era un circo y ahora empieza a darle material a Mario Vargas Llosa para una segunda parte de su novela La casa verde, porque el cabaret del desierto piurano parece haberse trasladado a la plaza Bolívar. La corrupción escala a niveles putrefactos en un sistema que arrastra explotación, violencia y crimen. El ataque con 60 balazos a una extrabajadora del Parlamento ya no es solamente el reflejo de la inseguridad ciudadana, es la punta del iceberg de la podredumbre escandalosa de algunas sabandijas que, bajo el manto de la impunidad, montaron y promovieron una presunta red de prostitución dentro del Congreso.

La existencia de tráfico sexual en las oficinas parlamentarias era un secreto a voces, pero ahora quienes empiezan a recordar aseguran que Jorge Torres Saravia, abogado y ahora destituido jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, contrataba mujeres sin experiencia ni preparación profesional para ocupar cargos de asesoras o secretarias sin respetar los mecanismos de contratación y para dedicarse a brindar favores sexuales. ¿Cómo es posible que nadie advirtiera lo que sucedía?

Torres, quién, además, es hombre de confianza de César Acuña de Alianza para el Progreso, fue acusado por una mujer de drogarla y abusar sexualmente de ella hace dos años y, pese a ello, el sujeto siguió trabajando en el Congreso. Torres es sindicado de liderar esta presunta red criminal vinculada a la explotación sexual, que tiene un componente aún más aterrador y que debe ser investigado: el intercambio de asesoras y secretarias entre algunos congresistas como parte de la dinámica de abuso y cosificación, que vuelve este caso aún más complejo.

Ni siquiera la condena a 13 años de cárcel del excongresista Freddy Díaz por violación sexual, perpetrada en su despacho del Parlamento, fue un escarmiento o frenó el funcionamiento de esta presunta red de prostitución. Que haya continuado esta situación revela que estas conductas habrían sido naturalizadas como algo sistemático. ¿Cuántos otros inescrupulosos estaban al tanto o eran parte de la red de intercambio de favores? ¿Quiénes obtenían los “favores” de las mujeres contratadas?

Reorganizar el Congreso no solo pasa por despedir al cabecilla y sancionar a los y las culpables; se deben establecer controles desde la contratación del personal, basados en la meritocracia y no en favores políticos, en implementar un sistema de tolerancia cero a la explotación sexual. De lo contrario, todos serán cómplices de un Parlamento cada vez más desprestigiado en donde la impunidad seguirá siendo la norma.