Congreso debatirá proyecto que busca transparentar ingresos de las ONG
Dictamen establece que organizaciones no gubernamentales que reciben cooperación internacional deberán rendir cuentas semestrales y se le otorgará capacidades a la UIF y la Sunat para ayudar a identificar posibles actividades ilícitas.
Llegó la hora de la transparencia. Medio año después de que la Comisión de Relaciones Exteriores aprobara el predictamen por mayoría, y a pocos días de finalizar la Legislatura, el Pleno del Congreso tiene en agenda debatir hoy el proyecto que busca modificar la ley sobre fiscalización a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben fondos de la cooperación internacional.
La norma plantea modificar por lo menos tres artículos de la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), a fin de establecer la obligatoriedad de los registros, planes operativos y declaraciones anuales de las entidades.
El proyecto obliga a las ONG a transparentar sus ingresos y que sus actividades estén sujetas al escrutinio público y conocer el origen y el objetivo de los financiamientos.
Y si bien hay opiniones divididas en torno a si estas donaciones internacionales deben ser sujetas a supervisión, la ciudadanía sí la tiene clara. Una encuesta de Ipsos que Perú21 publicó en su edición del pasado 23 de julio reveló que un 67% de peruanos considera que las ONG tienen derecho a recibir donaciones siempre que las fuentes de estas y el uso que le dan a esos recursos sean transparentes.
Así, tan igual como cualquier persona que está obligada a demostrar que sus ingresos provienen de una fuente legítima.
MAYOR TRANSPARENCIA
La norma amplía las capacidades de APCI, haciendo que todas las ONG que quieran recibir cooperación técnica internacional (CTI) estén inscritas en el organismo. Además, deberán efectuar semestralmente la declaración de sus planes, programas, proyectos, actividades o donaciones. Se establecerá sanciones en caso de no cumplir la norma.
Asimismo, APCI deberá llevar registro actualizado de todas las organizaciones y entidades que hacen activismo político con financiamiento proveniente de CTI.
Por último, se creará un organismo adscrito a la Sunat que deberá “supervisar y fiscalizar” a las entidades que gestionan CTI, para identificar posible “riesgo de evasión de impuestos, mal uso de beneficios tributarios, incrementos patrimoniales no justificados”.
Esta institución deberá “informar mensualmente a la UIF de aquellas entidades que gestionan CTI de sus representantes, directivos o asociados, a fin de investigar presunto lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, entre otros.
Uno de los puntos que prevé la norma es el referido al proselitismo político que realizarían estas organizaciones. Precisamente, días después de aprobarse el dictamen, Perú21 consultó a Daniela Ibáñez, analista del Centro Wiñaq: “Siempre que se busque transparentar y fiscalizar los gastos que inciden en el activismo político es algo positivo”, dijo.
El pasado 5 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el dictamen con 12 votos. Medio año después está en manos del Pleno que esta ley, necesaria para que las ONG transparenten sus ingresos, tenga luz verde.
