40 FUNCIONARIOS IMPLICADOS EN TEMAS IRREGULARES DETECTÓ CONTRALORÍA

Durante el Mega Operativo de Control Regional en Cajamarca, auditores de la Contraloría General detectaron un perjuicio económico de S/ 11 millones 593 mil 430 en cinco entidades públicas, así como presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa a 40 funcionarios y servidores públicos.

Entre los casos emblemáticos figura una ampliación de plazo otorgada, sin sustento técnico ni legal, para la ejecución del establecimiento de salud Santa María de la provincia de Cutervo, lo cual ocasionó un perjuicio económico de S/ 8 126 093. A la fecha, el hospital se encuentra inconcluso y abandonado, afectando la finalidad pública de la contratación y del servicio básico de salud. Nueve funcionarios de la Gerencia Subregional de Cutervo, tendrían presunta responsabilidad administrativo y penal en estos hechos.

En la Municipalidad Distrital de Pucará se identificó que 2 funcionarios de la entidad aprobaron el expediente técnico de la obra Mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en el Casería de San José y anexo Mandángola, con metas sobredimensionadas, partidas duplicadas y sin contar con disponibilidad de terreno, situación que ocasionó un perjuicio económico de S/ 1 311 826. Presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 14 involucrados.

En la Unidad de Gestión Educativa Local de Cajabamba, los auditores constataron que la entidad efectuó pagos de las aportaciones al régimen de la seguridad social en salud en forma parcial e inoportuna durante el periodo 2012 al 2016, transgrediendo la normativa aplicable y generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 2 155 511. Presunta responsabilidad civil en 10 involucrados.

En la Municipalidad Distrital de Chiguirip, Provincia de Chota, la comisión auditora evidenció que se habría dado conformidad y trámite a partidas no ejecutadas y ampliación de plazos sin sustento para el mejoramiento de la prestación del servicio de salud en Chiguirip, ocasionando un perjuicio económico de S/ 1 237 958. 3 funcionarios tendrían presunta responsabilidad administrativa y penal.

En la Dirección Regional de Salud, los auditores comprobaron irregularidades en la adquisición de 60 mil pruebas rápidas para el diagnóstico del Covid-19 valorizadas en más de S/ 2 millones. En este caso, la entidad seleccionó a una empresa como ganadora de la contratación directa, sin que esta haya acreditado los requisitos establecidos en el requerimiento, ni el documento de validación de pruebas rápidas exigido por el Instituto Nacional de Salud, determinándose que estas no eran aptas para el diagnóstico del Covid-19. 4 funcionarios tendrían presunta responsabilidad administrativa y penal.

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