Se restablece crédito tributario para universidades privadas

La reforma actual busca centralizar y controlar desde el Estado todo el proceso educativo, justo en un momento en que los cambios en las ingenierías, la robótica y las ciencias digitales simplemente desactualizan los currículos en menos de cinco años. Hoy un ingeniero puede terminar una carrera cuando los cambios tecnológicos simplemente han borrado las posibilidades de esa carrera. ¿Cómo entonces el Estado o los burócratas pueden controlar este proceso?

De una u otra manera el proceso de reforma actual buscó demonizar a la inversión privada en educación, atribuyendo a los claustros privados los males de la educación superior. Pese a que las universidades privadas absorben dos tercios de la matrícula, la campaña continuó hasta el intento de restringir el uso del crédito tributario a favor de las universidades societarias (privadas). En la medida que las universidades públicas y asociativas (llamadas “sin fines de lucro”, tales como Católica y Garcilaso, por ejemplo) no pagan impuestos, el Decreto Legislativo 822 (Ley de Promoción a las Instituciones Educativas Privadas) estableció que las universidades privadas o societarias que reinvirtieran sus utilidades gozaban de un crédito tributario. Este DL no otorgaba ningún beneficio especial a los claustros privados, porque solo reconocía el principio de la Constitución sobre la igualdad de todos los modelos de universidad.

Educacion Superior

Como parte de esta ofensiva extraña contra la inversión privada en la educación, el Decreto Supremo N° 006-2016-EF estableció criterios restrictivos en contra del crédito tributario (como la fiscalización retroactiva) que volvían inaplicable el beneficio establecido. Ante esta situación, la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) presentó una acción de amparo demandando la nulidad de varios artículos del mencionado DS (Reglamento de la Ley Universitaria). Ante esta acción, la Sétima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo (especialidad en temas tributarios y aduaneros de la Corte Superior de Justicia de Lima) acaba de darle la razón a FIPES, restableciendo los principios del crédito tributario.

No vaya a creerse que se trata simplemente de un beneficio para los claustros privados. Para explicar el tema vale remontarse a la época previa al DL N° 822, que promovió la inversión privada en educación. Hasta antes de la mencionada norma existía una universidad para pobres y otra para ricos, lo que perpetuaba las estratificaciones de la sociedad peruana. Las universidades asociativas eran las llamadas “privadas”, porque le cobraban a los estudiantes. Pero como carecían de competencia, las pensiones se elevaban y solo eran accesibles a los sectores altos de la sociedad. A los pobres le restaba la universidad pública.

Gracias a la inversión privada —sobre todo al crédito tributario— surgió un sistema privado de calidad (UPC, USIL, Científica del Sur, Continental, Esan, entre otras) que desarrolló una abierta competencia con universidades como Católica, del Pacífico, Cayetano Heredia y de Lima. El resultado: la reinversión de las utilidades fomentó la competencia, las pensiones bajaron y las nuevas clases medias gozaron de una oferta nunca antes vista.

No se puede negar que también surgieron universidades privadas de mala calidad —tal como existen claustros públicos y asociativos deficientes—, pero es evidente que lo malo se explica por diversos factores. Sobre todo por la falta de un sistema de acreditación moderno y otro de información confiable para los consumidores (padres de familia y estudiantes), que señale qué universidades no están acreditadas y cuál es el nivel de empleabilidad de las profesiones. Sin embargo, las izquierdas —que se han atrincherado en algunas universidades asociativas (Católica, por ejemplo)— fomentaron la eliminación del crédito tributario para los claustros privados. El objetivo era eliminar la competencia. Después de las denuncias de los alumnos contra las ex autoridades de la PUCP ya sabemos cuál era la razón.