MUNICIPIOS EN ZONA DE MINERÍA SIN RECURSOS DE CANON MINERO

La falta de carreteras, escuelas, centros de salud y otros servicios es el escenario ideal que utiliza el antiminero (con agenda anticapitalista) o el simple extorsionador para demonizar a las compañías mineras. En lugar de promover alianzas entre las comunidades y las empresas —para emplazar al Estado a cumplir sus responsabilidades—, se hace todo lo contrario.

Una evidente expresión del fracaso estatal es la incapacidad de muchos gobiernos locales —aquellos emplazados cerca de las minas Las Bambas, Constancia y el Corredor Minero del Sur— para cumplir las metas de ejecución de inversión pública. En los tres primeros meses de gestión los resultados son desastrosos, más allá de la inexperiencia en gestión de los alcaldes. En lo que sí parecen tener conocimiento algunos burgomaestres es en la promoción de conflictos, tal como sucede con Las Bambas.

Por ejemplo, de acuerdo al portal del MEF, el alcalde de la provincial de Chumbivilcas, Marcos Ibarra, solo ha usado el 6.7% del presupuesto (S/ 60 millones) asignado en los primeros tres meses de gestión. Sin embargo, el alcalde Ibarra está solicitando que la provincia cusqueña sea parte de la zona de influencia de Las Bambas, con objeto de obtener más presupuesto y beneficios. La pregunta entonces cae por sí sola: ¿para qué solicitar más presupuesto si no hay capacidad de gasto? Y no hay capacidad de gasto por la falta de gestión pública y capacidad técnica para identificar las necesidades de la población, elaborar proyectos de inversión y ejecutar obras vinculadas al desarrollo de las comunidades.

Por su lado, las autoridades del distrito de Velille (provincia de Chumbivilcas) también están reclamando ser parte de la zona de influencia indirecta de Las Bambas por los mismos motivos que la provincia de Chumbivilcas. Según el mismo portal del MEF, el resultado de la actual gestión edil, en estos primeros tres meses, es desalentador: 3.8% de ejecución, el más bajo de todos los distritos ubicados en el Corredor Minero del Sur.

En el Cusco, en la provincia de Espinar, la ejecución presupuestal del alcalde provincial, Lolo Arenas, es de 12% de los S/ 90 millones transferidos. El distrito que mejor desempeño ha tenido en los primeros tres meses es Ocoruro: 36%. Mientras que en el distrito de Coporaque, solo se ha gastado el 5% del presupuesto de S/ 35 millones, a pesar de que gran parte de sus ingresos provienen del proyecto minero Glencore Antapaccay.

En el distrito de Challhuahuacho, en Apurímac —donde se han realizado las mesas de diálogo para resolver el conflicto de Las Bambas— las autoridades municipales han ejecutado el 12% del presupuesto asignado, un total de más de S/ 44 millones. Vale decir que Challhuahuacho es el distrito con más recursos: en 2018 recibió S/ 168 millones, de los cuales solo se ha utilizado el 54%, unos S/ 86 millones. Mientras que en la provincia de Cotabambas, donde se encuentra Challhuahuacho, el gasto fue del 40%.

Como se puede apreciar, la gestión de las autoridades locales —es decir, el Estado— suma fracasos tras fracasos en la redistribución de la renta minera. Sin embargo, suelen encabezar plataformas en contra de las empresas mineras, exigiendo incremento presupuestales sin tener capacidad ejecución de la inversión.

Las autoridades regionales tampoco se quedan cortas. El gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente, utiliza el conflicto con Las Bambas para promover mesas de diálogo y plantear el Fondo de Compensación Ambiental, una estrategia para obtener recursos de las mineras. Benavente señala que en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se debe debatir la responsabilidad ambiental y social de las empresas. El objetivo: seguir creando plataformas en contra de las mineras, demandar recursos y prolongar conflictos, no obstante que las compañías financian la mayor parte del presupuesto público de la zona.

Como se aprecia con absoluta claridad, el fracaso del Estado en las zonas mineras es la principal causa de estos conflictos.